A pocas horas de haber fracasado en su intento por derogar la Emergencia en Discapacidad en el Congreso, el Gobierno nacional ratificó su decisión de no aplicar la ley y avanzó con una nueva maniobra judicial. Este jueves, la administración de Javier Milei apeló el fallo que lo obliga a cumplir con la norma, pese a que fue ratificada tanto por el Poder Legislativo como por la Justicia.
La presentación fue realizada ante la Cámara Federal de San Martín y apunta contra la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien días atrás hizo lugar a un amparo colectivo y ordenó la aplicación inmediata de la Ley 27.793, declarando nulo el artículo central del Decreto 681/2025.
Un decreto bajo la lupa de la Justicia
En su fallo, González Charvay consideró que el Ejecutivo incurrió en un “veto encubierto”, al promulgar la ley de Emergencia en Discapacidad y, de manera simultánea, suspender su ejecución bajo el argumento de falta de recursos presupuestarios.
El magistrado sostuvo que esa maniobra resulta nula e inconstitucional, ya que viola la supremacía de la Constitución Nacional y el principio de división de poderes. Según el juez, una ley sancionada y vigente no puede dejar de aplicarse por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo.
Además, remarcó que la suspensión de la norma contradice los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, especialmente aquellos que protegen los derechos de las personas con discapacidad.
La apelación, sin efecto suspensivo
La Cámara Federal de San Martín concedió la apelación presentada por el Gobierno, pero lo hizo con “efecto devolutivo”, lo que implica que la resolución de González Charvay sigue plenamente vigente mientras se tramita el recurso.
De este modo, el Ejecutivo queda formalmente obligado a cumplir la ley, que garantiza la continuidad de tratamientos, la actualización de aranceles para terapias, el financiamiento de transportes especiales y la asistencia a instituciones del sector.
Un amparo colectivo con alcance nacional
La causa se originó a partir de la presentación de dos familias, pero rápidamente se transformó en uno de los amparos colectivos más amplios del país, con adhesiones de cientos de organizaciones, prestadores, transportistas e instituciones vinculadas a la discapacidad.
Según la documentación incorporada al expediente, el sistema de prestaciones atraviesa un colapso crítico, con aranceles congelados, demoras en los pagos y cierres de centros especializados.
En ese marco, el juez dispuso que la sentencia tenga efectos expansivos, alcanzando a todas las personas con discapacidad y a los prestadores del sistema, y no solo a quienes iniciaron la demanda.
El revés político que desató la ofensiva judicial
El avance judicial del Gobierno se produjo luego de un fuerte revés político en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo fracasó en su intento de derogar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa había sido incluida de manera forzada en el Capítulo XI del Presupuesto 2026, pero fue rechazada por la oposición.
El amplio consenso en defensa de la ley dejó expuesta la soledad del oficialismo: la norma cuenta con respaldo de bloques opositores, legisladores aliados a La Libertad Avanza y gobernadores que integran el esquema de acuerdos con la Casa Rosada.
Presupuesto y una discusión que vuelve a foja cero
En su resolución, González Charvay también puso el foco en las decisiones presupuestarias del Ejecutivo. Señaló que el Gobierno realizó al menos 19 reasignaciones de partidas desde 2023 para otros fines, lo que contradice el argumento de que no existen recursos para financiar la emergencia.