El anuncio del Gobierno nacional sobre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desató este martes una ola de críticas y denuncias desde la oposición, que acusó al oficialismo de intentar encubrir un escándalo de corrupción y de avanzar con un nuevo ajuste sobre las personas con discapacidad.
La decisión fue comunicada en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que el organismo será desmantelado y que sus funciones pasarán al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
El trasfondo del escándalo que rodea a la ANDIS
El cierre de la agencia se produce meses después de que saliera a la luz una presunta trama de coimas y sobornos dentro del organismo, a partir de audios atribuidos al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Según las denuncias, en esas grabaciones se hace referencia a un pedido de coimas del 3% sobre contratos con laboratorios proveedores de medicamentos, un escándalo que salpicó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mencionada como una de las figuras centrales de la maniobra.
Germán Martínez: “Quieren borrar las huellas de las coimas”
El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, sostuvo que la disolución de ANDIS busca “borrar las huellas de las coimas” y calificó la medida como parte de “un plan de impunidad”.
“Quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, escribió el diputado santafesino en la red social X, al descartar que se trate de una simple reestructuración administrativa.
Daniel Arroyo denunció un “retroceso grave”
El ex ministro de Desarrollo Social y ex presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, advirtió que el cierre del organismo implica “un retroceso grave” y desconoce años de construcción de políticas públicas.
“La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”, afirmó Arroyo, quien también alertó que la decisión vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Acusaciones por el “3%” y la corrupción expuesta
El diputado nacional Itai Hagman fue uno de los más duros. “Después de los audios de Spagnuolo, el 3%, los 700 mil dólares y toda la corrupción expuesta, quieren esconder la mugre debajo de la alfombra cerrando la ANDIS”, denunció.
“No van a poder porque están hasta las manos”, lanzó el legislador del Frente Patria Grande, quien calificó de “inmoral” el ajuste aplicado sobre pensiones y prestaciones.
Paulón y Fein: encubrimiento y ajuste
El diputado de Provincias Unidas, Esteban Paulón, consideró que el cierre de la ANDIS es un intento de “encubrir la corrupción del 3%” y de sacar del debate público a un organismo que el oficialismo convirtió “en sinónimo de choreo”.
Además, acusó al Gobierno de dilatar el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de otorgarle más poder presupuestario al ministro Lugones.
En la misma línea, la ex diputada Mónica Fein advirtió que la medida afecta a millones de personas con discapacidad. “No es transparencia: tras el escándalo de coimas, el Gobierno responde con ajuste a un sector vulnerable”, sostuvo.
Reclamos por la Ley de Emergencia en Discapacidad
El diputado radical bonaerense Pablo Juliano exigió que el Ejecutivo aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso, y reclamó explicaciones sobre el destino del “famoso 3%”.
Por su parte, Juan Marino calificó la medida como un “desmantelamiento” y no como una reorganización. “En vez de desarmar la red de corrupción, eliminan el organismo que garantiza derechos”, afirmó.
“No cierran organismos, cierran explicaciones”
Desde el Senado bonaerense, Fernanda Raverta sostuvo que el objetivo real del Gobierno es “cerrar explicaciones”. “Audios, coimas, dólares y el 3% de Karina: de eso no dicen nada”, cuestionó la ex titular de ANSES.
La diputada Sabrina Selva también cargó contra el Ejecutivo y denunció una política de ajuste sistemático sobre los sectores más vulnerables. “Una crueldad y un cinismo sin precedentes”, definió.
Un conflicto político que escala
El cierre de la ANDIS abrió un nuevo frente de conflicto político para el Gobierno de Javier Milei, que enfrenta acusaciones de encubrimiento, ajuste y retroceso en derechos en uno de los sectores más sensibles del entramado social.