La inminente reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei volvió a exponer diferencias internas en la CGT, que atraviesa un proceso de redefinición estratégica frente a un escenario adverso. Mientras la conducción mayoritaria apuesta a negociar cambios en el Congreso y evitar un paro inmediato, el ala más dura del sindicalismo presiona para activar protestas y avanzar hacia una nueva huelga general.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026, en la central obrera se consolidó la convicción de que el oficialismo lograría avanzar con modificaciones profundas en la legislación laboral. Bajo esa premisa, la CGT comenzó a moverse en dos planos simultáneos: sostener una oposición pública cerrada al proyecto libertario y, en paralelo, trabajar en silencio en una propuesta alternativa que permita limitar el alcance de la iniciativa oficial.
La conducción elegida el 5 de octubre —integrada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio)— tiene un perfil marcadamente dialoguista. Ese sesgo responde también al peso político de los dirigentes que impulsaron sus designaciones, entre ellos Hugo Moyano, Armando Cavalieri y Gerardo Martínez, que continúan influyendo en las decisiones estratégicas de la central.
Internas, desconfianza y presión desde el ala dura
Pese a la impronta negociadora del triunvirato, la CGT no logra cerrar filas detrás de una única hoja de ruta. De los 36 sindicatos que integran el Consejo Directivo, al menos diez mantienen una postura abiertamente ultraopositora frente al proyecto oficial. En ese grupo se destacan los gremios alineados con el kirchnerismo, como la UOM y La Bancaria, sectores del transporte y sindicatos con conflictos abiertos con el Gobierno, como UATRE, cuya obra social permanece intervenida.
Las diferencias no implican, sin embargo, que el resto de la conducción esté dispuesta a convalidar la reforma sin condiciones. Incluso los sectores más moderados admiten que no se inmolarán políticamente si las negociaciones fracasan. En la CGT coinciden en que varios artículos del proyecto oficial afectan derechos laborales, financiamiento sindical y el poder de negociación colectiva, lo que vuelve inevitable una confrontación si no hay cambios sustanciales.
En ese marco, enero aparece como un mes decisivo. La central obrera reforzará gestiones con gobernadores y legisladores nacionales para bloquear los votos necesarios que le permitan al oficialismo sancionar la reforma tal como fue concebida. El objetivo es introducir modificaciones antes de que el debate llegue formalmente al recinto.
Una propuesta alternativa y la amenaza de un paro en marzo
En paralelo a las negociaciones políticas, la CGT avanza en la elaboración de una reforma laboral alternativa, diseñada por un equipo técnico reducido con experiencia parlamentaria. En ese grupo trabajan Sergio Palazzo, Hugo Antonio Moyano y Marta Pujadas, con el respaldo de dirigentes históricos como Héctor Daer, Gerardo Martínez y Hugo Moyano.
La estrategia apunta a preservar puntos que la central considera innegociables, como la vigencia de los convenios colectivos nacionales, la ultraactividad, la irrenunciabilidad de derechos y los mecanismos de financiamiento sindical. Al mismo tiempo, algunos sectores admiten que podría haber margen para discutir aspectos del derecho individual del trabajo, como el régimen de vacaciones o las indemnizaciones, bajo una lógica de “reducción de daños”.
Aun así, en la calle Azopardo dan por hecho que no avalarán la reforma, incluso si el texto final resulta atenuado. La experiencia de la Ley Bases sigue fresca en la memoria cegetista. Por eso, gana fuerza la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general en marzo, una vez finalizado el receso de verano.
En la CGT proyectan que ese mes podría concentrar más cierres de empresas y despidos, un escenario que potenciaría la protesta sindical y permitiría canalizar las tensiones internas. De hecho, durante la movilización del 18 de diciembre a Plaza de Mayo, los cotitulares ya anticiparon que, si el Gobierno no accedía a negociar, la huelga volvería a estar sobre la mesa.