El Gobierno nacional puso en marcha la Ley de Inocencia Fiscal, una reforma tributaria que busca facilitar la incorporación al circuito formal de los ahorros no declarados, incluidos los conocidos “dólares del colchón”. La medida quedó oficializada a través del Decreto 93/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La reglamentación introduce un cambio profundo en la lógica de control: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentrará sus fiscalizaciones en los ingresos facturados y declarados, dejando de lado el seguimiento sobre la evolución patrimonial.
Nuevo paradigma: se mira la facturación
El eje del esquema es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), al que podrán adherir de manera voluntaria personas humanas que cumplan determinados requisitos de ingresos y patrimonio.
Entre los puntos principales se destacan:
- Blindaje patrimonial: ARCA no podrá fiscalizar aumentos de patrimonio, consumos ni depósitos bancarios.
- Impuesto por ingresos declarados: Ganancias se determinará solo por lo facturado y las deducciones permitidas.
- Declaración jurada precargada: el contribuyente podrá aceptarla o modificarla.
- Efecto liberatorio: el pago en término actúa como “tapón fiscal” frente a reclamos administrativos o penales, salvo omisión de ingresos.
El régimen alcanza a contribuyentes con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio máximo de $10.000 millones, verificados en el ejercicio de adhesión y los dos anteriores. Los grandes contribuyentes quedan afuera.
Qué pasa con los dólares no declarados
La normativa precisa que, para operar dentro del sistema, los fondos deberán ingresar al circuito financiero, ya sea en el origen o en el destino de la transacción.
Se mantiene la posibilidad de comprar inmuebles en efectivo y se elevan los umbrales de información: movimientos de hasta $10 millones mensuales no dispararán reportes automáticos.
Desde el Ministerio de Economía estiman que existen alrededor de USD 170.000 millones fuera de la formalidad. La expectativa oficial es que el régimen funcione como un incentivo permanente para canalizar esos recursos.
Cambios en el régimen penal tributario
La reglamentación también modificó los parámetros a partir de los cuales un incumplimiento se convierte en delito.
Nuevos montos
- Evasión simple: pasa de $1,5 millones a $100 millones.
- Evasión agravada: sube de $15 millones a $1.000 millones.
- Prescripción: baja de 5 a 3 años para contribuyentes cumplidores.
Además, se habilitan mecanismos para extinguir la acción penal mediante el pago de la deuda.
Formas de regularizar
- Cancelación única: abonar capital e intereses sin denuncia penal, por única vez.
- Regularización con recargo: si no hubo denuncia, puede cerrarse pagando el total más un adicional del 50% dentro del plazo previsto.
La reglamentación también establece que ARCA no deberá denunciar automáticamente cuando las diferencias respondan a interpretaciones técnicas o contables.
Cómo será el procedimiento ante incumplimientos
El nuevo esquema incorpora instancias previas antes de aplicar sanciones.
ARCA tendrá que otorgar entre 10 y 15 días hábiles para que el contribuyente regularice su situación antes de intimar formalmente. También se prevé una reducción de hasta el 50% de las multas para quienes se pongan al día en los plazos establecidos.
Si el propio contribuyente corrige un error antes de una inspección, esa conducta no será considerada una falta grave.
Qué dice ARCA sobre la reforma
Desde el organismo recaudador señalaron que la norma apunta a cambiar el vínculo entre el Estado y quienes pagan impuestos.