La secretaria de Trabajo provincial, Myriam Espinosa, manifestó su profunda preocupación por las modificaciones que afectan los derechos adquiridos y confirmó que se realizó un pedido formal ante la Nación junto a otras provincias.
La secretaria de Trabajo de La Rioja, Myriam Espinosa, advirtió en MEDIOS RIOJA sobre el complejo escenario que atraviesa el sector laboral tras las recientes reformas impulsadas a nivel nacional. En sintonía con autoridades de Buenos Aires, Formosa, Tierra del Fuego y La Pampa, la funcionaria exigió la reactivación del Consejo Federal del Trabajo, organismo que no se reúne formalmente desde mediados de 2025. «Exigimos el urgente llamado», sentenció Espinosa, tras calificar como «inoficioso» el último encuentro del cuerpo.
La funcionaria riojana fue tajante al analizar el impacto de las nuevas normativas, a las que consideró perjudiciales para la clase trabajadora. «Son reformas absolutamente avasallantes a los derechos de trabajadores y trabajadoras», afirmó, señalando que varios artículos fueron modificados por fuera de los consensos necesarios. Según Espinosa, estas medidas profundizan la vulnerabilidad de quienes no están registrados, quienes «sufren porque carecen de obra social y no hacen aportes jubilatorios».
Uno de los puntos más polémicos destacados por la secretaria es la modificación en el cálculo de la antigüedad. Espinosa explicó que se pretende establecer un límite que afectará no solo a los nuevos empleados, sino también a la fuerza laboral vigente. «Se pretende tener un tope de diez años de antigüedad; es decir, que será un tope de diez años y no es para los recién ingresados», detalló sobre la medida que impactará directamente en las indemnizaciones y liquidaciones.
Finalmente, la titular de la cartera laboral anticipó que, si bien los trabajadores actuales podrán recurrir a la vía judicial para debatir estos cambios, la aplicación administrativa parece inminente bajo las nuevas directivas nacionales. «Podrán ir a la justicia y debatir, pero haremos la planilla con ese tope», concluyó, dejando clara la postura técnica que deberá adoptar la provincia frente a la normativa vigente.
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