El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Tucumán analizó en MEDIOS RIOJA el impacto del proyecto que obtuvo media sanción. Aseguró que los cambios flexibilizan obligaciones patronales y no garantizan la creación de empleo genuino.
Tras la media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional, el abogado Alberto Toro expresó su preocupación por el alcance de las modificaciones. Según el especialista, el texto final es el resultado de negociaciones políticas que no contemplaron el bienestar del sector asalariado: «Hubo concesiones para buscar consensos, pero nada que favorezca a los trabajadores. La reforma es regresiva», sentenció en diálogo con la prensa local.
Uno de los puntos más críticos señalados por el letrado es la modificación en el cálculo de haberes e indemnizaciones. Toro advirtió que el nuevo esquema perjudica directamente el bolsillo del trabajador al eliminar componentes clave del salario. «Esta reforma eliminó el concepto de horas extras remuneradas. Se eliminaron muchos adicionales del sueldo para calcular las indemnizaciones», explicó, remarcando que se busca flexibilizar las obligaciones del empleador.
Respecto al argumento oficial sobre la reducción de la litigiosidad, el referente de los abogados laboralistas fue tajante al desestimar que estas medidas pongan fin a los conflictos judiciales. «Lo de la ‘industria del juicio laboral’ es una muletilla. Los juicios laborales no se van a reducir con la reforma», afirmó, agregando además que varios puntos del proyecto rozan la inconstitucionalidad y que no se atacó el problema de fondo, ya que «no se quitó la carga fiscal, los aportes sindicales ni las cargas sociales».
Finalmente, Toro llevó un mensaje de cautela sobre el futuro inmediato del mercado de trabajo, descartando una crisis terminal de empleo a corto plazo pero dudando de los beneficios prometidos. «No creo que la aprobación genere una ola masiva de despidos, pero la reforma no va a generar más puestos de trabajo en blanco», concluyó, aclarando que, ante cualquier desvinculación, se debe aplicar siempre la ley vigente al momento del despido.
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