En diálogo con MEDIOS RIOJA, Beatriz Martínez, referente del gremio docente, cuestionó duramente la implementación del IPE en La Rioja y denunció la vigencia de descuentos por medidas de fuerza en un contexto de fuerte ajuste nacional.
Desde la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran un retroceso en los derechos laborales tras la aprobación de la reforma laboral a nivel nacional, a la que Martínez calificó como una «ley esclavista». En el plano local, el foco de conflicto se centra en el Incentivo a la Producción Educativa (IPE), el cual el gremio denuncia como una herramienta coercitiva que afecta la salud de los trabajadores.
“La Provincia comenzó con la implementación de un presentismo encubierto. Nos tratan a los docentes como trabajadores fabriles y nos obligan a estar en las aulas aun con nuestras enfermedades a cuestas”, sentenció Martínez. Según la dirigente, este sistema imita modelos aplicados en otras provincias que atentan contra la calidad educativa, ya que “ningún docente con hijos enfermos puede impartir una educación de calidad” bajo la presión de no perder el incentivo.
Asimismo, la referente recordó que, pese a las promesas políticas, el Decreto Cavero sigue impactando en el bolsillo de los educadores riojanos. “Quintela derogó el decreto cuando estaba en el municipio, pero siendo gobernador no accionó en ese sentido; hay una arbitrariedad porque siempre se les descuenta a los de la AMP”, denunció, señalando que esta medida busca frenar los reclamos legítimos en las calles a través de castigos financieros.
Finalmente, Martínez analizó el complejo escenario financiero que atraviesa La Rioja debido al recorte de fondos por parte del Gobierno Nacional. Al respecto, señaló: “Reconocemos la difícil situación de nuestra provincia donde la caída de los fondos extracoparticipables es fenomenal. El gobierno centralista de Buenos Aires no redistribuye los fondos a nuestra provincia que históricamente depende de esa distribución”.