En el marco de una manifestación contra la reforma de la Ley de Glaciares, efectivos de seguridad avanzaron contra trabajadores de prensa que cubrían los incidentes. Hubo periodistas golpeados y un camarógrafo demorado.

La antesala del debate por la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación se vio empañada por un violento operativo de seguridad. Mientras organizaciones ambientalistas realizaban una protesta simbólica, las fuerzas de seguridad iniciaron un despliegue que incluyó empujones, golpes y el uso de gases irritantes para dispersar a los presentes.
La situación escaló cuando la represión alcanzó de manera directa a los trabajadores de prensa que se encontraban en el lugar. Según los reportes, el operativo avanzó con un «despliegue desproporcionado» en el que varios periodistas y camarógrafos resultaron afectados por los gases y la violencia física, a pesar de estar debidamente identificados para cumplir su labor informativa.
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue la demora de un trabajador de imagen por parte de las autoridades. Este hecho generó una fuerte preocupación en el ámbito periodístico, ya que los trabajadores fueron «alcanzados por la represión pese a estar debidamente identificados», lo que pone en alerta a las entidades gremiales del sector por la falta de garantías.
El episodio reabre una profunda controversia sobre el accionar de las fuerzas en contextos de manifestación social. La escena pone nuevamente en discusión «el derecho a la protesta, el acceso a la información pública y las garantías para el ejercicio del periodismo» en los espacios institucionales, en un clima de creciente tensión política.
