El gremio que nuclea a los abogados del sector público busca que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Argumentan que los cambios vulneran derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional.
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado ha marcado un hito en la resistencia legal contra la reciente reforma laboral. Roberto Álvarez, secretario adjunto de la entidad, confirmó en MEDIOS RIOJA que ya se formalizó la primera presentación judicial ante los tribunales para frenar la aplicación de la ley.
Desde la organización explicaron que el análisis técnico comenzó mucho antes de la aprobación definitiva en el Congreso. Según los letrados, el texto final presenta vicios de origen que colisionan directamente con la Carta Magna argentina.
«Desde los inicios, sobre esta ley, detectamos y vimos puntos inconstitucionales porque violan principalmente el artículo 14 bis de la Constitución», detalló Álvarez, haciendo referencia a la protección del trabajo y los derechos gremiales.
El referente gremial aclaró que la demanda fue un proceso meticuloso que se ajustó en el momento exacto de la sanción de la ley. Una vez que la norma fue oficializada, el equipo legal definió los detalles finales para solicitar su nulidad ante la justicia.
Álvarez hizo hincapié en que la postura del gremio se aleja de la confrontación partidaria. Aseguró que, al representar a profesionales del derecho que trabajan para el Estado, la prioridad es defender la coherencia del ordenamiento jurídico vigente.
«Esto no es lo que ocurre, sin meternos en una cuestión política, representamos a abogados del Estado, y lo nuestro es una cuestión jurídica», enfatizó el secretario adjunto para separar el reclamo técnico de la coyuntura política nacional.
Además del contenido de la ley, desde la Asociación criticaron las formas en las que se llevó adelante el proceso legislativo. Para los abogados del Estado, la magnitud de los cambios requería una profundidad de análisis que no se vio reflejada en el recinto.
«En primer término, creemos que esta ley debería haber sido debatida de otra manera, y no es lo que pasó», concluyó Álvarez, dejando en claro que la vía judicial es ahora el camino para cuestionar la legitimidad de la reforma.