Además, la tasa de actividad es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones.
Al cumplirse un nuevo aniversario del día de las mujeres, la tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%), según un informe del centro CEPA.
Además, la brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos: en mujeres es del 7,4% contra 5,9% de los varones.
La brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%).
Los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayores que los ingresos de las mujeres; esta brecha se amplía al 40% entre asalariadas/os informales.
Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos.
Los sectores más feminizados son los de menores ingresos: la participación de las mujeres en el trabajo doméstico es de 98,8%.
Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior.
A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza.
Un factor que condiciona la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo se encuentra en el hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones.
La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son varones.
Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales —que el gobierno redujo a su mínima expresión— y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias.
A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que los de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial.
En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024.
Esto es, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados.
Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%).
El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%), utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general.
Brechas laborales: los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026.
Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023.
La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 79,1% inferior a 2023.
Brechas de salud: la Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026.
Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2% y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución registrada en los ejercicios 2024 y 2025.
Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH.