La medida busca transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en el país.
El Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB) para identificar, en una base de datos, a las personas que resultan beneficiarias de prestaciones o servicios sociales.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la ayuda social en Argentina.
El RIB operará bajo la órbita del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y dependerá del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), perteneciente al Ministerio de Capital Humano.
La normativa, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, determinó que la función principal será consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios por parte del Estado Nacional.
La creación del registro apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos. Hasta ahora, la dispersión de la información entre distintos organismos dificultaba detectar si una persona recibía beneficios duplicados o si existían baches en la cobertura.
En este sentido, el texto oficial señaló que el RIB “permitirá fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interinstitucional de las intervenciones sociales, facilitando el seguimiento de su cobertura, complementariedad y eventuales superposiciones, así como la gestión integral de la inversión social”.
Asimismo, remarcó que la centralización de los datos garantiza que “los registros consolidados respondan a la información oficial provista por los organismos competentes, evitando duplicidades y asegurando la integridad, coherencia y trazabilidad de los datos”.
A partir de la infraestructura del SIIS, el sistema permitirá la interoperabilidad de datos, es decir, que distintas dependencias del Estado puedan cruzar información de manera ágil y segura.
Con respecto a la privacidad de los ciudadanos, la resolución aclara que el tratamiento de la información se regirá estrictamente por la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el responsable de implementar las medidas de seguridad y confidencialidad necesarias para proteger la integridad de los titulares de los datos. Además, como autoridad de gestión del SIIS, tendrá a su cargo la custodia, el seguimiento y la elaboración de las estadísticas derivadas del nuevo registro.
La implementación del RIB no supondrá un gasto extra fuera de las partidas ya presupuestadas para el Consejo, y entrará en funciones de manera inmediata para comenzar la migración y armonización de las bases de datos existentes.