La Justicia detectó pasajes aéreos de Nueva York a Buenos Aires emitidos por la Jefatura de Gabinete. El costo de los tickets en Primera Clase ascendería a los 10.000 dólares.
Una nueva polémica sacude el entorno de la comunicación presidencial. En las últimas horas, la Justicia argentina puso la lupa sobre el financiamiento del viaje oficial del vocero Manuel Adorni, tras hallar registros de pasajes aéreos para él y su esposa que habrían sido costeados íntegramente por el Estado Nacional.
Según los documentos que forman parte de la investigación, el regreso de la pareja desde la ciudad de Nueva York se realizó en Primera Clase. Lo que genera mayor impacto institucional es que el pago de los tickets, cuyo valor estimado es de 10.000 dólares, figura a nombre de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El hallazgo judicial contradice el discurso de austeridad y el lema de «no hay plata» que el propio Adorni defiende diariamente en sus conferencias de prensa desde Casa Rosada.
Los puntos clave de la investigación
La Justicia busca determinar si hubo una violación a la Ley de Ética Pública o malversación de caudales públicos bajo los siguientes puntos:
- Financiamiento: Confirmar si el dinero salió de partidas presupuestarias destinadas exclusivamente a funcionarios.
- Protocolo de acompañantes: Verificar bajo qué figura legal se justificó el pago del pasaje de un familiar directo que no cumple funciones oficiales.
- Contraste de valores: Comparar el gasto con las tarifas vigentes para determinar si existió un sobreprecio o un uso injustificado de la clase ejecutiva/primera.
Repercusión política
Desde la oposición no tardaron en reaccionar. Diversos sectores señalaron la contradicción ética de utilizar fondos estatales para viajes de lujo en medio de un contexto de ajuste económico severo. Por su parte, se espera que en las próximas horas el Gobierno brinde una explicación oficial o presente los comprobantes que aclaren si existió algún tipo de reembolso privado por la parte correspondiente a la cónyuge del vocero.
La causa continúa su curso en los tribunales federales, donde se ha solicitado un pedido de informes detallado a la aerolínea y a los organismos administrativos correspondientes.