En el marco de su política de ajuste, el gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva medida que impacta de lleno en el entramado productivo: la eliminación de servicios del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), incluyendo controles clave sobre alimentos y bebidas.
La decisión, formalizada por el Consejo Directivo del organismo, implica el cese inmediato de más de 900 prestaciones técnicas que funcionaban como respaldo tanto para empresas como para organismos de control y consumidores.
Servicios técnicos que quedan fuera de la órbita estatal
Entre los servicios eliminados se encuentran análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes, estudios de vida útil, perfil sensorial y contenido de cafeína, así como la detección de contaminantes como micotoxinas.
También se dejan de realizar mediciones sobre textura, color y propiedades funcionales de alimentos, además de análisis específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
La medida alcanza incluso controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa y acesulfame K, así como estudios cromatográficos y evaluaciones de consumidores utilizadas por la industria antes de lanzar productos al mercado.
En la práctica, la resolución implica que estos controles, en caso de continuar, pasarán a realizarse en el ámbito privado y fuera de la órbita estatal.
Esto supone la pérdida de una instancia independiente de verificación sobre la calidad, composición e inocuidad de los alimentos, lo que afecta tanto a consumidores como a empresas que utilizaban estos servicios para validar sus productos.
El esquema prevé que los servicios continúen únicamente en los casos donde existan contratos vigentes, pero una vez finalizados, no serán renovados.
Reducción de funciones y pérdida de capacidades
La medida se inscribe en una serie de decisiones que, desde 2024, vienen reduciendo áreas clave del INTI. Entre ellas, la eliminación de funciones vinculadas a metrología legal y calibración, así como la paralización de convenios y actividades técnicas.
Según fuentes del organismo, el recorte también impactó en la capacidad operativa, con la falta de viáticos que limita las visitas a empresas y el desarrollo de servicios.
Caída de puestos de trabajo y alertas de vaciamiento
El proceso tiene un correlato en el empleo: desde diciembre de 2023, el INTI pasó de contar con unos 3.030 trabajadores a alrededor de 2.300, lo que implica una reducción de cerca de 700 puestos.
Desde sectores sindicales y legislativos advierten que la eliminación de servicios y el encarecimiento de aranceles —con subas de entre 400% y 800%— derivaron en una caída de la demanda y el cierre de áreas completas.
También denunciaron intentos de trasladar capacidades técnicas al sector privado, en un contexto donde empresas y laboratorios comienzan a absorber tareas que antes realizaba el organismo.
La eliminación de estos servicios redefine el rol del INTI dentro del sistema productivo y de control de calidad. En particular, en el sector de alimentos y bebidas, donde la verificación técnica funcionaba como una herramienta clave para garantizar estándares.
El nuevo esquema plantea un escenario en el que la validación de productos queda más concentrada en actores privados, con menor participación directa del Estado.