El Gobierno nacional quedó envuelto en una nueva controversia luego de que familiares de personas con discapacidad, prestadores de servicios y organizaciones civiles presentaran una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por los recortes en prestaciones de salud y pensiones.
La presentación judicial se produjo en paralelo con el envío al Congreso de un proyecto oficial para modificar el sistema de pensiones por invalidez, una iniciativa que ya generó fuerte rechazo en el sector.
La denuncia apunta al Presidente y a funcionarios
La denuncia fue presentada ante un juzgado federal por el abogado Javier Garín, quien actúa en representación de familias afectadas y entidades vinculadas al área de discapacidad.
Además del Presidente, la presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, y a otros funcionarios del área, a quienes se acusa de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona.
Según el escrito, los denunciantes sostienen que desde el inicio de la actual gestión se profundizó un ajuste en programas esenciales que impactó de manera directa en tratamientos, medicamentos y cobertura médica.
Qué cuestionan las organizaciones
Los sectores involucrados aseguran que los recortes afectaron tanto el pago de prestaciones como la continuidad de servicios indispensables para miles de familias.
También señalan demoras en autorizaciones, deuda con prestadores y una reducción en la asistencia estatal que habría generado un deterioro en la atención de personas con discapacidad en todo el país.
El Gobierno impulsa un nuevo sistema
Mientras avanza la causa judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez”.
La iniciativa establece un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas y fija nuevos requisitos para acceder al beneficio.
Entre los principales cambios, el texto contempla:
Reempadronamiento obligatorio
Todos los titulares deberán actualizar información médica, personal y patrimonial dentro de un plazo determinado.
Quienes no completen ese trámite podrían enfrentar la suspensión automática del pago mensual.
El proyecto también plantea que la pensión sea incompatible con el empleo formal, una medida que despertó preocupación entre entidades que promueven la inserción laboral de personas con discapacidad.
Además, propone que el monto del beneficio pase a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Las organizaciones que nuclean a familiares y prestadores advirtieron que la iniciativa podría profundizar aún más la crisis en el sistema.
Desde distintos espacios sostienen que el proyecto vuelve a instalar sospechas generalizadas sobre los beneficiarios sin presentar pruebas públicas sobre el presunto fraude que menciona el Ejecutivo.
En ese contexto, ya convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud para reclamar por el atraso en pagos, la actualización de aranceles y el freno a la reforma impulsada por la Casa Rosada.
El conflicto suma presión política
La combinación entre la denuncia penal y el nuevo proyecto legislativo abrió otro frente sensible para el Gobierno en medio del ajuste fiscal.Cobertura elecciones municipales
El tema comenzó a escalar en el Congreso y también en el ámbito judicial, mientras crecen los cuestionamientos sobre el impacto social de las medidas en uno de los sectores más vulnerables.