La iniciativa se desarrolla en el marco de leyes nacionales y provinciales vigentes, consolidando y fortaleciendo el trabajo que el Estado ya viene llevando adelante para prevenir y abordar situaciones de violencia en las instituciones educativas.
El Gobierno de la Provincia presentará un Protocolo de Actuación Interinstitucional orientado a prevenir y abordar situaciones de violencia en el ámbito escolar, con el objetivo de garantizar respuestas rápidas, coordinadas y eficaces ante casos complejos.
La iniciativa articula el trabajo de los ministerios de Educación; Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; Salud; y Desarrollo Social, junto al Poder Judicial —a través del Tribunal Superior de Justicia y los juzgados de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores— y el Poder Legislativo, que otorgará el marco reglamentario necesario para su implementación.
El documento se elaborará en base a leyes nacionales y provinciales vigentes, así como a normativas y protocolos ya establecidos. En ese sentido, definirá con claridad las responsabilidades institucionales de cada actor del Estado ante una amenaza dentro de un establecimiento educativo, contemplando las instancias de intervención, investigación y eventual sanción, en caso de corresponder.
Asimismo, el protocolo tendrá como finalidad brindar mayor tranquilidad a las familias, docentes y estudiantes, asegurando que cada situación será abordada con responsabilidad y celeridad.
Garantizar entornos seguros
Entre las principales líneas de acción, se prevé el fortalecimiento de los canales de comunicación entre las instituciones, la intervención preventiva en las escuelas y el acompañamiento integral a estudiantes, priorizando su bienestar.
En ese marco, las autoridades destacaron la importancia de evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma social, e instaron a la comunidad a utilizar los canales oficiales para reportar cualquier situación.
Finalmente, se reafirmó el compromiso del Estado provincial de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar entornos escolares seguros, promoviendo la convivencia, el cuidado y la contención de niñas, niños y adolescentes.
Participaron de la mesa de trabajo interinstitucional el ministro de Educación, Ariel Martínez; el ministro de Seguridad, Miguel Zárate; el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara; la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Karina Becerra; la directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, Belén Carrizo; el subsecretario de Desarrollo de Juventudes, Esteban Tanquía; las juezas de los juzgados de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, Martha Liliana Torres, Yvana Leonarda Alarcón Rearte y Alicia Valdez; los diputados provinciales Mario Ruiz y Luis Rojo; además de secretarios de Educación y equipos técnicos de CIAPEM, EOyA y Crecer Sano.
Participación de la justicia
La Justicia riojana, representada por la jueza del Tribunal Superior, Karina Becerra, se integró formalmente a una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Educación para diseñar un protocolo de actuación ante situaciones de crisis escolar. El objetivo central es establecer una hoja de ruta clara que permita responder con rapidez y coordinación frente a amenazas de tiroteos o mensajes anónimos que han generado alarma en la comunidad educativa recientemente.
A diferencia de los lineamientos nacionales ya existentes, esta nueva herramienta busca adaptarse a la realidad específica de la provincia. Para ello, se están analizando estadísticas locales y niveles de complejidad por zonas, permitiendo que las autoridades de Seguridad, Salud y Desarrollo Social intervengan con estrategias diseñadas a medida de cada territorio, garantizando que el marco legal se aplique de forma efectiva y situada.
Uno de los puntos más innovadores del debate es la implementación de simulacros y planes de contención inmediata que involucren activamente al área de salud mental. El protocolo definirá los roles precisos que deben cumplir docentes, directivos y fuerzas de seguridad desde el primer minuto de una alerta, asegurando que la respuesta sea técnica pero también humana, priorizando siempre la integridad de los menores involucrados.
La jueza Becerra subrayó la importancia de mantener un equilibrio entre la seguridad y la protección de derechos, advirtiendo que el enfoque no debe ser meramente punitivo. La intención es prevenir y detectar a tiempo los conflictos para evitar la estigmatización de los estudiantes, trabajando en la raíz del problema y no solo en la sanción, lo que refuerza la función social de la escuela como un espacio seguro.
Finalmente, el proyecto reconoce que el entorno digital es el origen de gran parte de estas crisis, por lo que incluirá capacitaciones sobre el uso responsable de redes sociales dirigidas a familias y alumnos. Con la participación activa de los centros de estudiantes, se busca fortalecer el tejido social y la comunicación interna, entendiendo que la seguridad escolar es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad.