La Justicia Federal de Campana dictó una medida cautelar que pone un freno momentáneo a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el programa social «Volver al Trabajo». La resolución surge tras una presentación realizada el pasado 13 de abril por referentes de la economía popular, quienes denuncian que la quita de estos fondos desprotege a miles de familias en situación de vulnerabilidad. El juez interviniente ya notificó al Ejecutivo nacional, otorgándole un plazo perentorio de cinco días para responder a la demanda.
Al respecto, Arnol Díaz, referente de los trabajadores del sector, dialogó con MEDIOS RIOJA donde destacó la relevancia federal de este fallo. Según explicó el dirigente, la resolución no solo beneficia a los firmantes, sino que sienta un precedente legal para todo el territorio argentino. “Esta notificación que hace el juez al Gobierno nacional es para que conteste a la medida cautelar que presentamos, y al dar lugar, esto va a repercutir en todo el país”, afirmó Díaz, quien además advirtió sobre la incertidumbre que reina sobre si los beneficiarios percibirán sus haberes este mes.
El impacto económico es especialmente alarmante en el interior del país. Solo en la provincia de La Rioja, se estima que casi 12.000 personas quedarían fuera del sistema prestacional, lo que representaría una pérdida millonaria para el mercado local. “Son casi 1.000 millones de pesos que dejan de entrar al bolsillo del riojano y se corta el consumo del mismo círculo económico que se activa en los barrios”, detalló Díaz, subrayando que la medida no solo afecta a los titulares del programa, sino a los comercios de cercanía.
La polémica también escaló al plano político tras las declaraciones de una diputada de La Libertad Avanza (LLA), quien había minimizado el valor de los $78.000 que perciben los beneficiarios. Díaz fue tajante al responder a estos dichos, acusando a la dirigencia de falta de empatía: “Cuando uno se aleja de la realidad y empieza a dar conceptos desde los escritorios, pero no se acerca al territorio, se vuelve inhumano. Para la gente, esos 78 mil pesos son muy valiosos porque complementan el pago de un impuesto o la compra de insumos”.
En cuanto a la búsqueda de soluciones, desde las organizaciones sociales aseguran que el canal de diálogo con el oficialismo está bloqueado. A pesar de haber asistido a la sede de LLA en busca de mediación, denuncian una indiferencia total por parte de las autoridades. “Desde la Nailon estamos decididos a defender el salario; fuimos a la sede de LLA y no hemos recibido ningún llamado. Estamos dispuestos a hablar y dar soluciones a la gente, aunque yo piense distinto a ellos”, manifestó el referente social.
Ante este escenario de incertidumbre legal y falta de respuestas políticas, el sector ya prepara medidas de fuerza directas. Se prevé que el próximo 7 de mayo se realice una movilización masiva en todo el país para presionar por el depósito de los sueldos y el cumplimiento de la orden judicial. “Seguimos atentos y movilizados; el Gobierno tiene antecedentes de no dar respuestas a las medidas cautelares, como pasó con la mercadería incautada, por eso no vamos a bajar los brazos”, concluyó Díaz.