La conducción del organismo confirmó la intención de desvincular a mil trabajadores. Advierten que la eliminación de controles industriales pone en riesgo la seguridad de productos de consumo masivo.
El conflicto en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ha escalado a un punto crítico. Este martes, la Comisión Directiva del organismo confirmó a los gremios un plan de reestructuración que incluye el recorte de 1.000 puestos de trabajo, combinando despidos directos y pases a disponibilidad. La medida se suma a la reciente baja de más de 900 servicios tecnológicos, lo que para los trabajadores representa un «vaciamiento de hecho».
El «vaciamiento» como paso previo al cierre
Daniel Luna, trabajador del instituto, advirtió en MEDIOS RIOJA que la estrategia del Ejecutivo nacional, impulsada bajo la órbita de Federico Sturzenegger, busca declarar al organismo como «inservible». Según denuncian desde la multisectorial, la eliminación de líneas de trabajo es la excusa necesaria para justificar las cesantías.
«Una vez que sacan líneas de trabajo, van a decir que hay gente que sobra, instalando el relato de que cobran sin hacer nada», explicó Luna en declaraciones recientes. El objetivo de fondo, aseguran los empleados, es el cierre definitivo de una institución que el próximo año cumpliría 70 años de vida.
¿Qué está en juego? El impacto en la vida cotidiana
A diferencia de otras áreas del Estado, el INTI cumple una función técnica que afecta directamente la seguridad de la población. La eliminación de servicios implica que el Estado dejará de supervisar procesos críticos como:
- Seguridad infantil: Ensayos sobre componentes plásticos en juguetes y mamaderas para detectar materiales tóxicos.
- Seguridad urbana: Controles de funcionamiento en ascensores y surtidores de combustible.
- Salud alimentaria: Análisis de alimentos para celíacos y protocolos de envasado seguro.
- Competitividad PyME: Asistencia técnica a empresas regionales para cumplir con normas de exportación y calidad.
Un organismo en la mira oficial
La mirada del Gobierno es diametralmente opuesta. Basándose en la premisa de reducir el gasto público y eliminar estructuras que consideran ineficientes, el oficialismo avanza con la idea de que estas funciones podrían ser absorbidas por el sector privado o, simplemente, que no representan una prioridad estatal.
Sin embargo, desde el INTI sostienen que el mercado no puede autorregularse en materia de seguridad industrial. «Nuestro trabajo es innovar y asegurar que lo que la gente consume no sea tóxico», remarcan los técnicos, quienes buscan ahora el apoyo de la sociedad civil para frenar lo que consideran el desmantelamiento de la soberanía tecnológica argentina.