Se abre un nuevo frente caliente: la Justicia reactivó la causa por la represión a jubilados en el Congreso y puso bajo la lupa el accionar policial.
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por la represión policial a un jubilado durante una manifestación en las inmediaciones del Congreso, en un fallo que cuestiona el accionar de las fuerzas de seguridad y la actuación judicial previa.
La decisión fue tomada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, que hizo lugar al planteo de la querella y dejó sin efecto el archivo de la causa, que había sido dispuesto en instancias anteriores.
El juez Alejandro Slokar lideró el acuerdo y sostuvo que la causa fue cerrada de manera “prematura y arbitraria”, al no haberse investigado adecuadamente los hechos ni considerado la situación de vulnerabilidad de la víctima.
El caso se originó a partir de la agresión sufrida por Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que fue arrojado al piso por efectivos de la Policía Federal Argentina durante una protesta pacífica el 22 de octubre pasado. Como consecuencia, sufrió una fractura en el húmero izquierdo.Datos consumo
Críticas al uso de la fuerza
En su voto, Slokar advirtió que el operativo de seguridad no cumplió con su objetivo constitucional. “La fuerza pública debió ser utilizada para garantizar derechos, no para impedirlos mediante una represión irrazonable”, sostuvo.
Además, cuestionó lo que definió como un “paradigma beligerante de combate”, al considerar que la violencia estatal contra sectores vulnerables resulta incompatible con el sistema democrático.
La jueza Ángela Ledesma acompañó la decisión, mientras que el magistrado Guillermo Yacobucci votó en disidencia.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la crítica a la actuación del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado desestimar la denuncia por inexistencia de delito.
Sin impulso fiscal, la causa fue archivada por la jueza María Servini, decisión que luego fue convalidada por la Cámara Federal porteña.
Sin embargo, Casación consideró que no se cumplieron los estándares mínimos de investigación, señalando que ni siquiera se habían realizado medidas básicas como tomar declaración a la víctima.
El fallo también dispuso el apartamiento de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes habían intervenido en la validación del archivo.
Asimismo, se ordenó avanzar de manera inmediata con medidas de prueba que habían sido omitidas en la investigación inicial.
Derechos en juego y advertencias institucionales
El fallo pone el foco en la protección de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de manifestación. En esa línea, el fiscal ante Casación, Javier de Luca, había respaldado la reapertura al señalar que no se verificaron condiciones que justificaran el uso de la fuerza.
El tribunal también advirtió sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en el sistema democrático, al generar un “efecto desaliento” sobre la protesta social y el debate público.
Contexto y repercusiones
La causa se originó tras una denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria, con la participación de referentes como Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García.
El fallo se conoce en un contexto de creciente debate sobre el uso de la fuerza en manifestaciones públicas y luego de advertencias de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre posibles retrocesos en libertades fundamentales.