Un tribunal del departamento boliviano de Tarija declaró este lunes en rebeldía al expresidente Evo Morales Ayma, tras la inasistencia del exmandatario a la audiencia inaugural del juicio en su contra por el presunto delito de trata agravada de personas, vinculado a una supuesta relación con una menor de edad durante su gestión de gobierno.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, manifestó que se han cumplido todas las formalidades de rigor para la instalación y la apertura del juicio oral.
Como anunció la defensa del expresidente, ni Morales ni su equipo jurídico acudieron al Tribunal Primero de Sentencia, presidido por el juez Carlos Oblitas, quien dispuso la declaratoria de rebeldía, una medida que implica la emisión de una orden de captura, arraigo migratorio y otras restricciones judiciales, reportó el sitio Nueva presencia.
Tras la declaratoria de rebeldía, el tribunal emitió una orden de captura contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien se encuentra actualmente en la región cocalera del Chapare. La fiscalía investiga la presunta relación de Morales con una adolescente con la que habría tenido una hija, un caso que el expresidente no ha negado públicamente, pero que sus abogados califican de montaje, agrega la información.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que el Ministerio Público cuenta con una base sólida para el proceso.
“Se han logrado recolectar más de 170 pruebas en contra del exmandatario que sustentan la acusación de trata agravada”, aseguró Mogro.
La defensa denuncia persecución política
Por su parte, el equipo jurídico de Morales, encabezado por el exprocurador Wilfredo Chávez, justificó la ausencia de su cliente alegando fallas en el procedimiento de notificación. Chávez afirmó que el proceso es una “persecución política” diseñada para desviar la atención de la crisis económica y los conflictos sociales que atraviesa el país bajo la administración de Rodrigo Paz.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que el tribunal no está respetando los estándares internacionales, reiterando que la causa es una instrumentalización de la justicia que inició en 2024 bajo el gobierno de Luis Arce y que continúa en la actualidad.