La Marcha Federal Universitaria marcó un hito en la agenda política nacional al superar ampliamente las expectativas de convocatoria. En este escenario, Francisca Staiti, secretaria general de la CONADU Histórica, dialogó con MEDIOS RIOJA, Y fue contundente al analizar el impacto de la movilización y el futuro del conflicto tras la masiva participación de estudiantes, docentes y diversos sectores de la sociedad civil.
Un reclamo con «contenido político fuerte»
Para la referente sindical, la magnitud de la marcha con postales, videos y una marea de gente en todo el país no es una coincidencia, sino una respuesta directa al ataque que sufren la educación, la universidad y la ciencia nacional. Staiti rechazó las críticas que intentan deslegitimar el movimiento, asegurando que defender una ley es, inherentemente, hacer política en defensa de lo público.
En sus declaraciones, la dirigente apuntó directamente contra la gestión del Ejecutivo, señalando que la «motosierra» continúa impactando sobre las políticas públicas esenciales. Desestimó además los argumentos oficiales sobre supuestas irregularidades presupuestarias, calificándolos como «construcciones falaces» diseñadas a partir de slogans para justificar el ajuste.
La universidad, en emergencia
El panorama descrito por la titular de CONADU Histórica es el de un «callejón sin salida» institucional. Staiti remarcó que existe una Ley de Financiamiento que pasó seis veces por el Congreso y cuenta con dos cautelares a favor, la cual el Gobierno nacional se niega a cumplir.
«Hizo falta una ley para decirle que estamos mal en la universidad. Vivimos de emergencias: en salud, en discapacidad, en jubilados», sentenció.
Continuidad de las medidas
Ante lo que se percibe como un vaciamiento sistemático de las universidades, la advertencia hacia el Gobierno fue clara: la masividad de la marcha es un mandato para continuar. Staiti aseguró que, de no mediar respuestas oficiales inmediatas tras esta demostración de fuerza en las calles, el plan de lucha continuará.
La postura gremial sostiene que el Gobierno actual legisla para un sector privilegiado y reducido, mientras que para las clases trabajadoras solo se proponen nuevos recortes, lo que garantiza que la conflictividad se mantenga en el centro de la escena pública.