Los gremios docentes universitarios anunciaron un paro nacional de una semana para reclamar que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y convoque a paritarias. La medida se realizará entre el martes 26 y el viernes 30 de mayo, con suspensión de actividades, clases públicas, protestas callejeras y acciones frente a edificios clave del poder político y judicial. La protesta fue confirmada tras la Marcha Federal Universitaria y tendrá impacto en universidades nacionales de todo el país.
Una nueva medida de fuerza en las universidades
La decisión fue tomada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en un plenario de secretarios y secretarias generales. Allí se resolvió profundizar el plan de lucha con una semana completa de paro en las universidades nacionales, además de jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras.
El reclamo apunta directamente al Gobierno nacional por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida salarial de docentes y no docentes, y la ausencia de una convocatoria paritaria que permita recomponer los ingresos del sector.
La medida llega después de una nueva demostración de fuerza de la comunidad universitaria en las calles. La Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a estudiantes, docentes, no docentes, rectores y organizaciones sociales bajo una consigna central: exigir más presupuesto para las universidades públicas y salarios dignos para quienes sostienen el sistema.
Qué reclaman los docentes universitarios
Los gremios universitarios exigen la aplicación de la Ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, que establece mecanismos de actualización presupuestaria para las universidades públicas, recomposición salarial para docentes y no docentes, fortalecimiento de becas estudiantiles y fondos para ciencia e investigación. El texto fue observado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial el 10 de septiembre de 2025.
La norma había sido pensada para garantizar el sostenimiento del financiamiento universitario en todo el país, actualizar gastos de funcionamiento según inflación y recomponer salarios del personal docente y no docente. También contemplaba partidas para infraestructura, tecnología, extensión universitaria, investigación, becas y programas de bienestar estudiantil.
Desde los sindicatos denuncian que, pese al respaldo legislativo y judicial al reclamo universitario, el Ejecutivo mantiene congelado el cumplimiento efectivo de la ley bajo el argumento del equilibrio fiscal.
El foco en los salarios
Uno de los ejes más sensibles del conflicto es el deterioro salarial. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las universidades arrastran una caída presupuestaria acumulada desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que los salarios docentes y no docentes perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.
En ese marco, los gremios rechazaron el último aumento informado por el Gobierno, al que calificaron como “unilateral e inconsulto”. Según dirigentes sindicales, la mejora incluye un incremento del 1,5% y bonos diferenciados según la dedicación docente, montos que consideran insuficientes frente al deterioro acumulado.
Las actividades previstas durante el paro
El plan de lucha no se limitará a la suspensión de clases. Los gremios preparan actividades en distintos puntos del país para sostener la visibilidad del conflicto durante toda la semana.
Entre las acciones previstas figuran jornadas de protesta en universidades nacionales, clases públicas, acciones callejeras y una campaña digital en defensa de la universidad pública. Además, se espera una concentración frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, para reclamar la apertura de paritarias y exigir una respuesta oficial al conflicto.
También se prevén clases públicas frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en busca de respaldo judicial para el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El conflicto quedó atravesado por una disputa institucional luego de fallos judiciales que ordenaron al Ejecutivo avanzar con la actualización de fondos y salarios, mientras el Gobierno apeló y llevó la discusión al máximo tribunal.
La reacción del Gobierno
El anuncio del paro volvió a tensar la relación entre los gremios universitarios y el Ministerio de Capital Humano. Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, se intimó a las universidades a garantizar el derecho a enseñar y aprender durante las medidas de fuerza.
El planteo oficial apunta a que los rectores presenten planes de contingencia para asegurar la apertura de edificios, el acceso de docentes y estudiantes que no adhieran al paro, y alternativas virtuales o reprogramaciones para evitar la pérdida de regularidad o turnos de examen.
Desde el Gobierno sostienen que la autonomía universitaria no puede ser entendida como una zona de excepción frente a las leyes nacionales. También remarcan que el derecho de huelga no debería anular el derecho de los estudiantes a cursar.
La respuesta gremial
Los sindicatos rechazaron ese enfoque y responsabilizaron al Ejecutivo por el deterioro del sistema universitario. Para los gremios, el problema de fondo no es la medida de fuerza, sino la falta de financiamiento, la pérdida salarial y la ausencia de una mesa paritaria real.
El dirigente de CONADU Federico Montero apuntó contra la estrategia oficial y sostuvo que la crisis universitaria fue provocada por el ajuste sobre los salarios docentes y no docentes. En la misma línea, desde distintos gremios señalaron que la presión sobre los rectores no resuelve el conflicto, sino que busca trasladar responsabilidades.
El impacto en las universidades nacionales
La medida afectará el funcionamiento de universidades nacionales de todo el país. En Mar del Plata, por ejemplo, la adhesión de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) impactará directamente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se prevé suspensión de actividades académicas durante los días de paro.
El alcance nacional de la protesta anticipa una semana cargada de tensión política y educativa. A la suspensión de clases se sumarán acciones públicas, reuniones con autoridades universitarias y nuevas definiciones gremiales para sostener el reclamo durante junio.
El conflicto universitario sigue abierto
La pulseada entre el Gobierno y la comunidad universitaria volvió a quedar en el centro de la agenda pública. De un lado, el Ejecutivo insiste en que cualquier ampliación presupuestaria debe respetar la regla fiscal. Del otro, docentes, no docentes, estudiantes y rectores advierten que la falta de fondos amenaza el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.