El gremio estatal emitió un duro comunicado contra las autoridades legislativas locales. Denuncian la vulneración de la libertad sindical y acusan una contradicción entre el discurso público y los hechos.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional La Rioja denunció públicamente un intento de obstaculizar y prohibir la realización de una asamblea informativa destinada a los trabajadores del Concejo Deliberante de la Capital. Según el sindicato, la actitud de los funcionarios del cuerpo legislativo atenta de manera directa contra los derechos fundamentales de organización colectiva y libertad sindical.
Ante esta situación, el gremio liderado a nivel provincial por la conducción de estatales emitió un comunicado de prensa donde calificó el episodio de «inadmisible». Desde ATE argumentaron que las restricciones se dieron en un espacio que debería ser el reflejo de la pluralidad y la democracia.
«Resulta inadmisible que, en un ámbito público y democrático, se pretenda obstaculizar el normal ejercicio de la actividad sindical, vulnerando derechos fundamentales consagrados por la Constitución Nacional», expresaron desde el sindicato.
Acusaciones de «doble discurso»
Uno de los puntos más álgidos del descargo gremial apuntó a la coherencia política de las autoridades de gestión. ATE advirtió sobre la existencia de un «doble discurso gubernamental», señalando que mientras los funcionarios rechazan de manera pública las reformas que quitan derechos laborales a nivel general, en la práctica cotidiana «limitan y obstaculizan el desarrollo de la actividad sindical dentro de las instituciones del Estado».
En ese sentido, el comunicado buscó marcar una clara línea divisoria entre el rol de los trabajadores y el carácter transitorio de los administradores políticos. «Las instituciones públicas pertenecen al pueblo y a las y los trabajadores que diariamente sostienen su funcionamiento, no a quienes circunstancialmente ocupan cargos de gestión», sentenciaron.
Ratificación del plan de lucha
Para la conducción del sindicato estatal, la maniobra de impedir la reunión de los empleados es una estrategia para «silenciar la voz de quienes legítimamente reclaman mejores condiciones laborales».
Pese a los inconvenientes denunciados en el Concejo Deliberante capitalino, desde el gremio ratificaron que continuarán con las actividades informativas y reafirmaron su compromiso «irrestricto» con la defensa de la democracia en los espacios de trabajo y el derecho de los estatales a organizarse colectivamente.