La medida judicial ha generado repercusión ante la complejidad del caso y el estado de salud mental de la imputada y su grupo familiar.
En una reciente resolución judicial, se otorgó el beneficio de prisión domiciliaria a la mujer acusada por el delito de reducción a la servidumbre en perjuicio de su ahora fallecido esposo, el señor Cabral. La decisión, que ha generado un notable impacto, se da en un contexto marcado por el seguimiento psiquiátrico que tanto la imputada como sus hijos reciben desde su detención, ocurrida en diciembre de 2024.
Contexto del caso y salud mental
El fiscal Julián de la Colina, a cargo de la investigación, señaló que, aunque en enero un juez de cámara había denegado este beneficio, la situación fue reevaluada. Un punto clave fue el testimonio de la psiquiatra Graciela Pereyra, quien examinó a la mujer y recomendó la realización de estudios psicodiagnósticos profundos —posibles de ejecutar en el Hospital Vera Barros— para obtener un diagnóstico claro de las patologías que afectan al grupo familiar y garantizar un suministro adecuado de medicación bajo estricto control.
La normativa vigente (Código Penal y Ley de Ejecución Penal) permite la prisión domiciliaria cuando una patología no puede ser adecuadamente tratada en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). No obstante, el Ministerio Público subraya la necesidad de asegurar la salud mental de todos los involucrados.
Antecedentes y situación familiar
La imputada, de origen sirio y radicada en Argentina hace tres décadas, enfrenta una acusación grave. Según la investigación, el calvario de la víctima comenzó aproximadamente en 2005, transformando una relación inicialmente normal en un cuadro de sometimiento inhumano.
El señor Cabral, quien falleció en enero del corriente año a causa de un tumor cerebral maligno, fue rescatado en condiciones críticas: con severa desnutrición, falta de higiene personal y viviendo en una vivienda en condiciones deplorables, con servicios básicos interrumpidos y ventanas clausuradas. La fiscalía ha precisado que el fallecimiento se vincula con la patología oncológica detectada en septiembre pasado, lo cual dificulta acreditar una relación causal directa con los padecimientos sufridos, aunque el impacto de los hechos sobre su humanidad es el eje central de la acusación.
Próximos pasos procesales
Los hijos de la pareja, quienes también se encuentran bajo tratamiento psicológico con el acompañamiento de la Defensoría de la Niñez, han expresado su deseo de ver a su madre, aunque enfatizando la necesidad de que ella alcance un estado de salud mental estable.
El juicio oral está fijado para el próximo 28 de junio. En esta instancia, las partes podrán citar a los profesionales médicos que asistieron a Cabral y se contará con la historia clínica completa a disposición del tribunal para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.
EL HECHO
La investigación, que se inició a partir de una denuncia realizada en abril de 2023 por una prima de la víctima, reveló un escenario de presunto abuso y encierro prolongado.
Según la denunciante, afirmó que su primo se encontraba privado de libertad desde hacía seis años y sin contacto con familiares ni amigos. La investigación llevada a cabo por el Ministerio Público Fiscal determinó que la víctima vivía bajo un régimen de aislamiento y control extremo por parte de su esposa, quien, según los testimonios recogidos, le restringía salidas, contacto con terceros e incluso el acceso a información a través de radio o televisión.
El allanamiento realizado el 11 de diciembre de 2024 en la vivienda familiar confirmó la situación denunciada. Durante el procedimiento, en el que intervinieron personal policial, bomberos, profesionales médicos y funcionarios judiciales, se constató que la vivienda presentaba condiciones de hacinamiento, falta de higiene y signos de deterioro estructural. El esposo fue encontrado en una habitación del fondo de la vivienda, mientras que su hija se refugiaba bajo una mesa visiblemente alterada por la presencia de las autoridades.
En su declaración testimonial, la prima de la víctima, manifestó que llevaba años sometido a un control extremo por parte de su esposa, quien, según él, lo mantenía en un estado de reclusión forzada debido a «celos enfermizos». Declaró que solo podía salir del domicilio en ocasiones muy puntuales y bajo supervisión de la denunciada, que le impedía cualquier interacción con otras personas, incluyendo a su propia hija.
Por su parte, la imputada se abstuvo de declarar inicialmente, pero luego solicitó ampliar su testimonio, negando las acusaciones en su contra y justificando su accionar bajo el argumento de una «relación posesiva y celosa» con su esposo.
Con base en la evidencia recolectada, la jueza Roldán Martínez consideró que se configuraba el delito de reducción a la servidumbre, previsto en el artículo 140 del Código Penal Argentino, y dictó el procesamiento de la imputada con prisión preventiva. Asimismo, ordenó su internación en el área de Psiquiatría del Hospital Vera Barros bajo custodia policial para su evolución y tratamiento.
Además, se dispuso un embargo sobre los bienes de la procesada por un monto de 500.000 pesos, así como la continuidad de medidas de asistencia psicológica, alimentaria y habitacional para el esposo y sus hijos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial para su contención y evaluación.