En diálogo con MEDIOS RIOJA, la vocal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Gabriela Asís, cuestionó la viabilidad y las intenciones detrás de los proyectos que buscan endurecer las penas por supuestas falsas denuncias. En un análisis crítico, la magistrada advirtió que la iniciativa representa un «grave retroceso» en la protección de derechos.
El debate sobre la modificación del Código Penal para intensificar el castigo ante falsas denuncias ha generado una fuerte postura por parte de la jueza Gabriela Asís. La magistrada, que integra el máximo tribunal riojano, rechazó la necesidad de una nueva normativa al considerar que el sistema actual ya ofrece los instrumentos necesarios para abordar estas situaciones.
«Es cercenar ciertos derechos»
Asís fue tajante al señalar que la propuesta legislativa, más que una solución técnica, es una respuesta política: «Es cercenar ciertos derechos. No estoy de acuerdo, porque la figura de falsa denuncia ya existe en el código penal. Responde a otro orden». Para la jueza, la creación de nuevas leyes específicas sobre este tema desvía el foco de las problemáticas reales de la justicia.
En ese sentido, la magistrada vinculó la iniciativa con un contexto de retroceso en diversas esferas sociales. «Esto cae de obvio que son cuestiones de agenda, y de reducción de derechos en todo sentido, laborales, de género, y grandes conquistas», manifestó.
Un fenómeno marginal utilizado como bandera ideológica
Uno de los puntos más sólidos del cuestionamiento de Asís refiere a la estadística real del problema. Según la vocal, «las denuncias falsas representan, en porcentaje, menos del 2 por ciento», un dato que, a su juicio, demuestra que la urgencia instalada por ciertos sectores no se condice con la realidad judicial cotidiana.
Bajo esta premisa, la jueza concluyó que la insistencia en este tipo de leyes responde a motivaciones externas al derecho penal. «No amerita una ley, y responde a razones de otra índole, e ideología», afirmó, advirtiendo finalmente que el avance de esta iniciativa significaría «un grave retroceso» en la arquitectura legal que protege a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La postura de Asís aporta una mirada crítica desde el interior de la justicia provincial, poniendo en duda no solo la eficacia de la reforma, sino también el impacto que esta tendría sobre las conquistas sociales y la capacidad de las víctimas de ejercer su derecho a la denuncia.