Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones.
Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos.
Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, «gozarán de presunción de legalidad» y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.
Ese tema fue uno de los más debatidos.
«Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (…), estén dispuestos a protegernos», dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto.
Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.
En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan «todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos», como la lenta distribución de carburantes.
Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.
El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019.
El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.