El Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo Nro. 77 dictó una medida cautelar a favor de Melina Gutiérrez y otros trabajadores, frenando los despidos en el organismo y marcando un revés para la gestión actual.
En un fallo que sienta un precedente relevante en el ámbito de los derechos sindicales, la Justicia laboral argentina ordenó este miércoles la reinstalación inmediata de trabajadores y delegados gremiales que habían sido despedidos del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
La resolución, firmada por el Juzgado Nacional de 1ra Instancia del Trabajo Nro. 77, hace lugar a la medida cautelar solicitada en el marco del expediente N° 22095/2026. La decisión judicial obliga al PAMI a restituir en sus puestos de trabajo a los afectados, entre quienes se encuentra Melina Gutiérrez, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la ciudad de Rosario.
El fallo en detalle
El magistrado a cargo ha otorgado un plazo perentorio de tres días hábiles a partir de la notificación formal para que el organismo cumpla con la reinstalación. En caso de incumplimiento, la justicia advirtió que se aplicarán «astreintes» (sanciones pecuniarias) a las autoridades responsables por no acatar el mandato.
Esta medida cautelar estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva en el proceso judicial de fondo que deberá sustanciarse próximamente.
Reacción sindical
Desde ATE celebraron la decisión judicial como un triunfo frente a lo que calificaron como un intento de «desmantelar la obra social» y debilitar la defensa de los derechos laborales.
«En sus planes no estábamos nosotros. No se esperaban un sindicato que no se victimice y los enfrente», señalaron desde el gremio a través de un comunicado difundido tras conocerse el fallo. Los representantes sindicales enfatizaron que, al tratarse de dirigentes electos, la modificación de sus condiciones de trabajo o su despido directo constituye una violación a la normativa laboral y a la Constitución Nacional, que protege la actividad de los representantes gremiales.
Hasta el momento, las autoridades del PAMI no han emitido una respuesta oficial sobre cómo procederán ante la orden judicial. El fallo reabre el debate sobre los límites de las políticas de despidos en el sector público y la protección especial que gozan los delegados sindicales en el ejercicio de sus funciones.