El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó bajo una presión política creciente en el Congreso, donde distintos sectores opositores impulsan pedidos de interpelación y proyectos vinculados a una eventual moción de censura. En ese escenario, el PRO endureció su postura, reclamó explicaciones públicas y volvió a marcar diferencias con el respaldo que el presidente Javier Milei mantiene sobre el funcionario.
La tensión se profundizó a partir de los cuestionamientos por presuntas inconsistencias en la situación patrimonial de Adorni y por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque el oficialismo busca contener el impacto político del caso, el posicionamiento de sectores dialoguistas abrió un nuevo frente para la Casa Rosada.
Uno de los planteos más fuertes dentro del PRO fue expresado por el diputado Álvaro González, quien sostuvo que el caso representa un problema del Poder Ejecutivo y no del Congreso. En esa línea, reclamó que el jefe de Gabinete se presente ante el Parlamento para dar explicaciones, aunque se mostró crítico de la utilidad política de una moción de censura.
“El jefe de Gabinete podría resolver esta situación renunciando. Y si el jefe de Gabinete no quiere renunciar, por algún motivo, el presidente de la Nación le podría pedir la renuncia”, afirmó González. Para el legislador, la salida debería surgir del propio Gobierno, antes que de un mecanismo parlamentario que podría derivar en una crisis institucional sin resolución efectiva.
La advertencia del PRO al Gobierno
El PRO también empezó a mostrar una posición más distante frente a La Libertad Avanza. Desde el partido fundado por Mauricio Macri cuestionaron el respaldo presidencial a Adorni y buscaron instalar la idea de que acompañar las reformas impulsadas por Milei no implica avalar sin objeciones todas las decisiones del oficialismo.
El secretario general del partido, Fernando de Andreis, afirmó que el caso derivó en una situación que, según dijo, había sido advertida desde el momento de la designación de Adorni como jefe de Gabinete. En ese marco, el mensaje político del PRO apunta a sostener su rol de aliado crítico: acompañar las medidas con las que coincide, pero marcar límites cuando considera que están en juego la transparencia y la responsabilidad institucional.
La posición del bloque que conduce Cristian Ritondo todavía no fue definida formalmente, pero dentro del espacio no descartan facilitar el quórum para habilitar una sesión en Diputados. Esa posibilidad encendió las alarmas en el oficialismo, que hasta ahora había logrado apoyarse en sus aliados parlamentarios para contener iniciativas opositoras de mayor impacto.
El foco inmediato está puesto en la sesión especial solicitada para el 23 de junio en la Cámara de Diputados. Allí la oposición busca tratar pedidos de informes, interpelaciones y proyectos vinculados a una eventual censura contra el jefe de Gabinete.
La ofensiva también llegó al Senado
La presión sobre Adorni no se limita a Diputados. En el Senado, el interbloque peronista encabezado por José Mayans presentó un proyecto para convocar a una sesión especial destinada a interpelar al jefe de Gabinete y debatir una moción de censura.
La iniciativa plantea que el funcionario comparezca ante la Cámara alta en un plazo máximo de siete días. Además, advierte que si no concurre, el Senado podría avanzar igualmente con el tratamiento de la medida.
Desde Unión por la Patria sostienen que existen irregularidades, omisiones y rectificaciones en la información patrimonial presentada por Adorni ante los organismos de control. Ese argumento es utilizado por el espacio para justificar la convocatoria y mantener el tema en la agenda legislativa.
Un camino parlamentario complejo
Más allá de la presión política, la oposición enfrenta un obstáculo reglamentario importante. Las interpelaciones y las mociones de censura requieren mayorías especiales cuando llegan al recinto sin dictamen de comisión, lo que vuelve incierto el avance concreto de las iniciativas.
Por eso, el primer objetivo opositor pasa por reunir quórum y aprobar emplazamientos que obliguen a las comisiones correspondientes a tratar los proyectos. Si eso ocurre, el oficialismo debería habilitar un debate que hasta ahora buscó evitar.
El caso Adorni se transformó así en un punto de tensión entre el Gobierno y sus aliados parlamentarios. Para el PRO, la discusión ya no se limita a la situación individual del jefe de Gabinete, sino que funciona como una señal política hacia Milei: el acompañamiento legislativo no implica dejar de exigir explicaciones cuando aparecen cuestionamientos institucionales.