La administración de Javier Milei entregó la concesión de la Vía Navegable Troncal a las firmas Jan De Nul y Servimagnus. El trámite exprés cede el control del principal corredor logístico nacional en medio de acusaciones por direccionamiento y un pliego diseñado a medida de los ganadores.
Finalmente, el gobierno de Javier Milei concretó este martes la privatización de la Vía Navegable Troncal tras firmar el contrato de concesión con la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus. Esta entrega de la principal ruta fluvial argentina ocurre bajo un denso clima de sospechas por el diseño de pliegos a la medida de los ganadores y un evidente entramado de amiguismo empresarial ligado a las terminales de decisión del oficialismo.
A través de un comunicado, el Ministerio de Economía calificó la operación como un «hito histórico de transparencia» y celebró una «nueva era de gestión privada» para la ruta por donde sale el 80% de las exportaciones. Sin embargo, los anuncios de eficiencia comercial lucen como una cortina de humo para ocultar las irregularidades del proceso.
La adjudicación exprés del corredor logístico resolvió una licitación geopolítica clave a favor de grupos corporativos con lazos estrechos con el poder de turno, en detrimento de la transparencia y la competencia justa.
Para intentar mitigar las críticas y la controversia, el Palacio de Hacienda aseguró que el Estado mantendrá un rol de autoridad de control sobre las operaciones de la flamante firma Vía Navegable Argentina S.A. Según el texto oficial, el Ejecutivo además «avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control», con la promesa de sumar a usuarios privados y provincias ribereñas.
La Hidrovía, la principal arteria del comercio exterior
Resulta complejo sobredimensionar la importancia de la Hidrovía para el país: articula el trabajo de unas 60 terminales portuarias y representa la puerta de salida para el 80% de las exportaciones argentinas. Se trata, en los hechos, de la principal autopista fluvial de la economía nacional y una infraestructura determinante para la industria y la agroexportación.
Las obligaciones del sector privado no se limitarán al mantenimiento del canal. La concesión exige profundizar el lecho del río, ejecutar tareas constantes de dragado y redragado, y renovar todo el esquema de señalización. Además, deberán incorporar tecnología específica para garantizar una navegación segura y fortalecer los controles contra el narcotráfico.
Rentabilidad y proyecciones del nuevo contrato para la Hidrovía
El modelo económico del acuerdo se estructuró como una obra pública financiada por peajes. Esto significa que el concesionario asume el riesgo empresario total, sin recibir aportes directos ni garantías por parte del Estado.
El acuerdo tiene una duración base de 25 años, con la posibilidad de extenderse un 20% más (cinco años adicionales). Durante ese plazo, se calcula que la empresa amiga del Gobierno generará ingresos acumulados por encima de los u$s15.700 millones, con una media anual cercana a los u$s628 millones.
El cronograma financiero prevé que la firma adjudicataria ejecute el grueso de sus inversiones en los primeros siete años. La etapa de recuperación de ese capital se dará entre los años ocho y quince, para finalmente ingresar en la fase de máxima rentabilidad a partir del decimosexto año de operaciones.
Estas proyecciones de ganancias se sostienen en informes de la Anpyn, que anticipan un salto sustancial en el volumen de embarcaciones. Los estudios estiman que el tráfico de cabotaje subirá un 28,2% y el transporte internacional trepará un 38,1%. El mayor pico de crecimiento, superior al 52,4%, se espera para el trayecto fluvial que conecta a la provincia de Santa Fe con el norte del país.