La ANSES registró 99.673 altas durante el primer semestre, casi la mitad que un año atrás. El fin de la moratoria previsional restringió el acceso, mientras el empleo formal retrocede y 5,6 millones de asalariados privados trabajan sin aportes.
La cantidad de nuevas jubilaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 45% interanual durante el primer semestre de 2026, en un escenario marcado por el vencimiento de la moratoria previsional, la persistencia de la informalidad laboral y una reducción de los trabajadores que sostienen el sistema mediante sus aportes.
Entre enero y junio se registraron 99.673 altas en el régimen general. En el mismo período de 2025 habían sido 181.549, mientras que durante la primera mitad de 2024 llegaron a 213.970, según las estadísticas de la Subsecretaría de Seguridad Social.
La comparación muestra que las nuevas jubilaciones disminuyeron 45% en un año y 53% frente a 2024. También quedaron por debajo de las 156.074 altas registradas en 2023 y de las 178.205 contabilizadas durante 2022.
El retroceso estuvo relacionado principalmente con la finalización del plan que permitía regularizar aportes faltantes. Sin esa herramienta, quienes alcanzan la edad jubilatoria necesitan acreditar los 30 años de contribuciones establecidos por la legislación para acceder a una prestación ordinaria.
El impacto del final de la moratoria
La moratoria establecida mediante la Ley 27.705 estuvo vigente desde marzo de 2023 hasta el 23 de marzo de 2025. El mecanismo permitía que las personas con aportes incompletos compraran los períodos faltantes y pagaran la deuda mediante descuentos mensuales sobre sus haberes.
Aunque la normativa contemplaba la posibilidad de extender su vigencia, el Gobierno nacional decidió no prorrogarla. El impacto sobre las altas no fue inmediato porque durante varios meses continuaron resolviéndose expedientes iniciados antes del vencimiento.
Durante todo 2025 se otorgaron 338.553 jubilaciones, un 20,3% menos que en 2024. En el primer semestre de 2026, cuando ese efecto residual comenzó a desaparecer, la caída se profundizó.
El cambio también modificó la composición de los nuevos beneficios. Entre enero y junio, el 43% de las altas se concretó mediante alguna moratoria todavía aplicable, mientras que el 57% correspondió a personas que cumplieron los requisitos sin utilizar esos mecanismos.
Fue la primera vez en años que las jubilaciones ordinarias superaron a las concedidas mediante planes de regularización. En las primeras mitades de 2024 y 2025, más de siete de cada diez nuevos jubilados habían utilizado una moratoria.
Menos trabajadores sostienen el sistema previsional
La reducción de las altas convive con otro problema estructural: la caída de la cantidad de aportantes. En mayo, el Sistema de Seguridad Social contabilizó 12,4 millones de trabajadores con contribuciones, equivalentes al 26,9% de la población argentina.
La cifra representó una disminución interanual de 38.532 aportantes. El mayor retroceso se produjo entre los trabajadores en relación de dependencia, que disminuyeron en 140.659 casos.
Dentro de ese grupo, el sector privado perdió 108.378 aportantes y el empleo público registró una reducción de 36.034. En cambio, el monotributo sumó 71.514 inscriptos y el régimen de trabajadoras de casas particulares incorporó 29.923 personas.
Los asalariados privados constituyen el principal grupo que financia el sistema, con aproximadamente seis millones de aportantes. Los monotributistas y los trabajadores en relación de dependencia incluidos en otros regímenes reúnen alrededor de 2,2 millones cada uno.
La menor base contributiva aumenta la presión sobre el financiamiento previsional. Mientras la cantidad de jubilados y pensionados continúa creciendo, el número de trabajadores registrados que realizan aportes no avanza al mismo ritmo.
La informalidad dificulta reunir 30 años de aportes
El problema de acceso a la jubilación está directamente relacionado con las características del mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026 había 12,9 millones de asalariados privados, pero 5,6 millones no se encontraban registrados.
Esto ubicó la informalidad asalariada en el 43,6%. Para esos trabajadores, los períodos sin registrar no generan contribuciones y dificultan alcanzar los 30 años exigidos al momento de jubilarse.