A través de una carta abierta difundida de manera simultánea en medios nacionales e internacionales, la exmandataria sostuvo que el fallo judicial en su contra forma parte de una estrategia deliberada de persecución política destinada a excluirla de la vida pública. «Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política», afirmó, a la vez que calificó la inhabilitación perpetua como la «pena principal» de un sistema que busca limitar la voluntad popular.
Una estrategia con peso internacional y antecedentes en la región
Para llevar adelante esta nueva etapa de defensa ante los tribunales internacionales, el equipo legal encabezado en el plano local por Carlos Beraldi incorporó a figuras de trayectoria global en materia de derechos humanos: el jurista brasileño Rafael Valim —reconocido por su participación en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva ante el mismo Comité de la ONU— y el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el español Javier Borrego.
La estrategia apunta a que el organismo de las Naciones Unidas determine si el Estado argentino garantizó los estándares básicos del debido proceso, la imparcialidad judicial y la independencia de los magistrados durante las etapas de investigación y juicio oral.
«El Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye una conquista de la humanidad precisamente para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos del poder», expresó la exmandataria en su misiva.
Cuestionamientos al sistema judicial y eje de género
En su escrito, Fernández de Kirchner también vinculó el accionar de la justicia con patrones de discriminación estructural. Sostuvo que el proceso judicial en su contra estuvo atravesado por un «machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino», argumentando que su liderazgo político firme ha sido tratado con estándares punitivos excepcionales que no se habrían aplicado de la misma manera a otros dirigentes a lo largo de la historia institucional del país.
Asimismo, advirtió que la utilización del sistema judicial como herramienta para neutralizar adversarios políticos no es un fenómeno aislado de la Argentina, sino una tendencia regional y global que amenaza las democracias constitucionales contemporáneas.
Próximos pasos del litigio
La presentación de la Comunicación Individual se concretó una vez agotadas todas las instancias recursivas ordinarias y extraordinarias dentro del sistema judicial argentino, condición indispensable para habilitar la intervención del Comité de la ONU. Si bien los dictámenes de este organismo no operan como un tribunal de alzada capaz de revocar de manera directa una sentencia local, establecen estándares de responsabilidad internacional y recomendaciones de reparación que obligan formalmente a los Estados firmantes de los pactos internacionales.