El único testigo de la audiencia fue Martín “Chori” Domínguez, el último encargado de la seguridad del célebre futbolista en la localidad de Benavídez.
Un custodio que acompañó a c durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declaró este martes en el juicio por la muerte del astro argentino y reveló que el 20 de noviembre de 2020, cinco días antes del fallecimiento, «lo sacaron» del country.
El único testigo de la audiencia fue Martín «Chori» Domínguez, el último encargado de la seguridad del célebre futbolista en la localidad de Benavídez que rotaba los turnos cada semana junto a Julio Soria y Julio César Coria (detenido por falso testimonio en el primer juicio nulo).
Fuentes calificadas del caso informaron que Domínguez «básicamente dijo lo mismo que en su testimonial» en la etapa de instrucción.
«Parece que salieron fuera» del barrio cerrado San Andrés, consignó un vocero de la investigación, al sostener que esa frase desmiente los dichos de Jonatan Espósito, el sobrino del ídolo popular que cobraba un sueldo.
«Lo sacaron a Diego él y Joni en una camioneta y Luque tenía conocimiento. Una locura», señalaron ante la consulta de NA.
En este sentido, el custodio reconoció mantener conversaciones con el neurocirujano y ex médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, uno de los ocho acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual: «Tenían mucho intercambio diario».
Asimismo, estuvo presente el 18 de noviembre de 2020 cuando el paciente no quiso recibir al médico clínico Pedro Di Spagna, al nutricionista Luciano Spena, a Luque y a las hijas.
«Estos eran los custodios más raros del mundo, daban cuenta minuciosamente de lo que hacía Diego, qué comía, quién lo visitaba y qué decía», consignó otra fuente.
Además de Luque y Di Spagna, los otros imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la enfermera Dahiana Gisela Madrid, que afrontará un juicio por jurados populares, pero ese proceso se encuentra demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada del TOC N.°7 de San Isidro, María Coelho, que deberá ser resuelto por un tribunal de alzada.
NA