Las recientes declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sobre una eventual revisión de privatizaciones y la posibilidad de impulsar nacionalizaciones en un futuro gobierno peronista hacia 2027, generaron un fuerte impacto en el escenario político. Los dichos abrieron un nuevo frente de tensión interna y permitieron la intervención del gobierno nacional.
Repercusiones y distanciamiento interno
El mandatario riojano había señalado que el peronismo revisaría las medidas adoptadas durante la gestión de Javier Milei y avanzaría con expropiaciones de ser necesario. Ante estas afirmaciones, el entorno de Axel Kicillof se apresuró a marcar distancia, asegurando que tales expresiones no representan la postura del gobierno bonaerense.
Este cortocircuito se suma a diferencias previas vinculadas a la estrategia partidaria y a la ausencia del gobernador de Buenos Aires en recientes convocatorias políticas organizadas en territorio riojano.
La reacción de la Casa Rosada
El debate en torno a las posibles estatizaciones fue utilizado por el Ejecutivo nacional para cuestionar a la administración bonaerense. El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales y presentaciones públicas para vincular los antecedentes de gestión de Kicillof con los costos de litigios internacionales por expropiaciones pasadas, profundizando el cruce verbal entre funcionarios nacionales y provinciales.