El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas en el marco de la causa en la que se investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La medida otorga al exfuncionario un plazo improrrogable de 15 días hábiles para presentar explicaciones y respaldos documentales.
El dictamen, presentado ante el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, se fundamenta en un informe técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Dicho análisis cotejó las declaraciones juradas, los ingresos lícitos declarados por el matrimonio —compuesto por el exfuncionario y su esposa, Bettina Julieta Angeletti— y la evolución de sus gastos frente a los bienes incorporados durante su paso por la función pública.
Las inconsistencias detectadas bajo la lupa
De acuerdo con la investigación judicial, el entrecruzamiento de datos exhibe diferencias que hasta el momento no encuentran sustento suficiente por un total superior a los 43 millones de pesos ($43.068.549) y los 402.000 dólares estadounidenses (USD 402.578,12).
El cuestionario formulado por la fiscalía detalla 20 puntos concretos de inconsistencias patrimoniales, entre los que destacan:
- Tenencia de efectivo: Explicaciones sobre el origen de los dólares cash declarados y la trazabilidad de las operaciones invocadas para respaldarlos.
- Operaciones inmobiliarias y refacciones: La adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá —inscripta a nombre de su cónyuge—, así como los desembolsos realizados en concepto de mejoras, refacciones y pagos a contratistas y proveedores.
- Consumos y gastos generales: Erogaciones vinculadas a viajes al exterior, alquileres y adquisición de mobiliario abonados en moneda extranjera.
Próximos pasos procesales
Esta diligencia representa una instancia procesal clave y un paso previo ineludible dentro de la instrucción. Una vez vencido el plazo de 15 días concedido a la defensa, el fiscal Pollicita y el juez Lijo evaluarán la solidez y suficiencia de las explicaciones aportadas.
En caso de que los argumentos presentados no logren disipar las dudas de la instrucción, el expediente podría escalar hacia un pedido formal de declaración indagatoria para el exfuncionario.