El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, bajo la integración unipersonal del juez Dr. Jorge Gamal Chamía, dictó una sentencia condenatoria contra Lorena Paola Gómez, encontrándola penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La resolución, emitida el pasado 14 de abril de 2026, impuso a la acusada una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, además del pago de una multa económica fijada en 45 unidades, siguiendo los lineamientos establecidos por el Registro Nacional de Precursores Químicos.
El caso y la detención
El proceso judicial, llevado a cabo mediante la modalidad de juicio breve (Expte. Nº FCB 10127/2020/TO1), tuvo su origen tras una denuncia anónima recibida el 17 de julio de 2020 en la delegación local de la Policía Federal Argentina. Según los informes, la denuncia señalaba a una mujer identificada como «Lore Gómez» por dedicarse a la venta de drogas bajo la modalidad de «delivery».
Tras una etapa de investigación y constatación de las actividades ilícitas, las fuerzas de seguridad procedieron a la detención de Gómez el 21 de octubre de 2020. Al momento de su interceptación, la imputada intentó darse a la fuga, arrojando al suelo dos envoltorios de nylon que contenían un total de 3,2 gramos de cocaína fraccionada para su venta. En el procedimiento, también se incautaron $820 en efectivo y un teléfono celular marca Motorola.
Disposiciones judiciales
Además de la pena privativa de la libertad, el fallo dictado por el tribunal estipula:
- Decomiso y destrucción: Se procedió al decomiso de los bienes secuestrados durante el procedimiento y se ordenó la destrucción de la muestra del estupefaciente incautado.
- Costas: La condenada fue intimada a acreditar el pago de las costas procesales por un monto de $4.700, bajo apercibimiento de enfrentar multas adicionales por incumplimiento.
- Acciones administrativas: El Tribunal dispuso que, una vez firme la sentencia, se proceda a realizar el cómputo de la pena y se comunique lo resuelto al Registro Nacional de Reincidencia y al Juzgado Federal de La Rioja.
El proceso contó con la participación de la auxiliar fiscal Dra. Eva Virginia Asís y la asistencia legal del defensor público oficial subrogante, Dr. José Nicolás Chumbita.