El Gobierno provincial, patrocinado por el jurista Jorge Yoma, pidió formalmente intervenir en la causa judicial que investiga el supuesto uso irregular de recursos viales para fines fiscales y financieros, afectando el avance de obras clave como el Corredor Bioceánico.
Se tramita bajo el expediente CFP 3960/2026 en el Juzgado Federal N.º 11.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros funcionarios nacionales.
Se investiga el desvío de más de $1.000.000.000.000 (1 billón de pesos) destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
Afecta de forma directa al Corredor Bioceánico por Pircas Negras, la nueva Ruta Nacional 73 (La Rioja – Chilecito) y el túnel de la Ruta Nacional 75.
Se indagan los delitos de defraudación pública, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.
Presentación formal ante la Justicia Federal
El Gobierno de la provincia de La Rioja formalizó su pedido para constituirse como parte querellante en la causa CFP 3960/2026, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11. La presentación fue suscrita por el gobernador Ricardo Quintela junto al fiscal de Estado Segundo Rodríguez y el adjunto Gustavo Ibarra, con el patrocinio jurídico del reconocido abogado y dirigente Jorge Yoma.
La investigación penal se enfoca en el presunto manejo irregular de los recursos correspondientes al Sistema Vial Integrado (SISVIAL), estimándose la posible malversación de una cifra superior a $1 billón de pesos que debían asignarse al financiamiento, construcción y mantenimiento de la red vial nacional.
De acuerdo con lo expuesto por la querella riojana, los fondos viales habrían sido retenidos o redirigidos hacia instrumentos financieros y metas de equilibrio fiscal del Ejecutivo nacional en lugar de ejecutarse en la infraestructura vial comprometida.
Delitos tipificados en la acusación
El escrito judicial presentado con el patrocinio de Yoma encuadra de manera provisoria las conductas denunciadas bajo diversos artículos del Código Penal de la Nación:
- Defraudación en perjuicio de la Administración Pública (Arts. 173 inc. 7 y 174 inc. 5 del C.P.).
- Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (Arts. 248 y 249 del C.P.).
- Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (Art. 265 del C.P.).
La querella solicitó además al Ministerio Público Fiscal profundizar las medidas probatorias para determinar responsabilidades penales y civiles, exigiendo la restitución de los fondos a los distritos provinciales damnificados.
«En nuestra calidad de querellantes, impulsaremos junto al Ministerio Público todas las acciones necesarias para que los responsables respondan penal y civilmente por el daño ocasionado, y devuelvan a las provincias los recursos malversados.»
Impacto directo en La Rioja: obras estructurales paralizadas
La presentación remarca un «grave y directo perjuicio» a la conectividad y el desarrollo económico de La Rioja producto del desfinanciamiento. Entre los proyectos viales neutralizados o paralizados con alto nivel de avance se destacan:
- Paso Internacional Pircas Negras (Ruta Nacional 76): Presenta un avance físico del 77,48% y forma parte del eje estratégico del Corredor Bioceánico hacia la República de Chile.
- Nueva Ruta Nacional 73 (La Rioja – Chilecito): Registra avances del 88,96% en una sección y del 64,25% en otra, permaneciendo frenada la interconexión entre los dos principales polos urbanos provinciales.
- Túnel y ensanche de la Ruta Nacional 75 (Los Sauces): Obra paralizada tras haber alcanzado un 73,96% de ejecución.
Adicionalmente, el escrito advierte sobre el deterioro de trazas nacionales clave como las Rutas 38, 78, 79 y 141, situaciones que obligaron al Estado provincial a afrontar tareas de mantenimiento con recursos propios. Esta parálisis afecta de manera directa la logística de los sectores olivícola, vitivinícola, minero y turístico de la región.