España aprobó este martes los anteproyectos de reforma de las leyes de asilo y extranjería con miras a un sistema de protección más ágil, eficaz, ordenado de derechos, luego de la crisis migratoria ocurrida por la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas a Ceuta a finales de julio.
Entre otras, se incorpora la figura del triaje, es decir, el proceso de recolección de información de los migrantes que entran en España sin haber sido sometidos a los controles fronterizos, que será de 72 horas, prorrogables por decisión judicial.
Con respecto a las solicitudes de protección internacional, la ley distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen y el acelerado, que ha de estar resuelto en tres meses, reportó el sitio DW.
El objetivo del gobierno español es adecuar la legislación al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, indicó este martes en una rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Entre los cambios anunciados, se actualizan y precisan las definiciones de protección internacional, estatuto del refugiado y protección subsidiaria, y se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
Como principio general, el anteproyecto de nueva ley de asilo está elaborado con un enfoque garantista y de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, perspectiva que, a su vez, se conjuga con la necesaria gestión de las fronteras para garantizar la seguridad del país, dice el Ministerio del Interior español en un comunicado.
Su principal objetivo es articular un sistema más ágil y eficaz para responder mejor al aumento de solicitudes -ha pasado de 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025- sin reducir las garantías de las personas solicitantes y beneficiarias.
El anteproyecto de ley de extranjería recoge el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el PEMA para agilizar el retorno de las personas extranjeras que llegan de manera irregular al país y no tienen derecho a protección internacional, retorno que debe ser ejecutado en un plazo de doce semanas de forma tan eficaz como garantista.
Para los solicitantes de protección internacional, la reforma regula un derecho de permanencia en el país que no da derecho a obtener una autorización de residencia en caso de que esa persona incurra en alguna de las figuras jurídicas que le harían acreedor de una denegación de entrada o de una orden de devolución.
Si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona solicitante recibirá la notificación junto a la denegación de entrada que le impone la obligación de abandonar el país, agrega la iniciativa del Gobierno español.
NA