El juez Ariel Lijo dispuso un estudio contable para medir el impacto financiero por los contratos estatales.
Una pericia contable buscará determinar la cuantía del daño patrimonial ocasionado al Estado por las presuntas maniobras irregulares cometidas durante la gestión presidencial de Alberto Fernández en el ámbito del mercado asegurador público.
En el marco del expediente conocido como la causa Seguros, en el cual se auditan 45 convenios suscriptos entre reparticiones estatales y Nación Seguros con la mediación de 25 asesores privados, la Justicia colocó el foco principal en la actuación del intermediario Héctor Martínez Sosa, allegado al exjefe de Estado y pareja de su secretaria privada, María Cantero.
Para ello, el juez federal Ariel Lijo resolvió acotar los requerimientos presentados por las partes y fijó un temario de 13 preguntas específicas dirigidas al cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, descartando las más de cien solicitudes planteadas por los abogados defensores, consignó el diario Clarín.
La medida encomendada a los especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO) contempla una «metodología contable estricta», ordenando que los cálculos económicos se formulen «mediante una base histórica a valor nominal original y su respectiva actualización en moneda homogénea», con la obligación de entregar informes mensuales sobre el desarrollo del estudio.
El objetivo primordial radica en dilucidar «cómo fueron las operaciones vinculadas con los seguros contratados por la ANSES y si, a partir de ellas, se produjo un perjuicio económico para Nación Seguros S.A. y, en definitiva, para fondos públicos».
Con este fin, el peritaje deberá precisar la identidad de cada participante, la función desempeñada, los montos abonados, las razones contractuales de los desembolsos y la solvencia financiera de las firmas contratadas para responder por las coberturas.
A su vez, respondiendo a las pautas fijadas por la Cámara del Fuero, el magistrado solicitó reconstruir de forma detallada la ruta de los valores negociados a través de intermediarios como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A., entre otras empresas.
La pericia buscará certificar la equivalencia entre las sumas percibidas en concepto de comisiones y las prestaciones efectivamente realizadas, determinando si las contrataciones contaron con una fundamentación técnica real o si constituyeron un mecanismo de desviación de recursos hacia el sector privado.