La Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa del Consumidor puso en marcha un paquete de medidas para frenar los abusos en los créditos de consumo. Con un esquema que incluye un registro obligatorio de prestamistas y una tregua en embargos, la provincia busca dar alivio a los endeudamientos desmedidos.
Ante el incremento sostenido de denuncias de ciudadanos que buscan cancelar sus obligaciones pero se ven ahogados por las tasas, la Subsecretaría —a cargo de Jimena Espinosa— implementó una emergencia en materia de créditos al consumo por el plazo de 180 días.
Claves del plan de alivio y conciliación
- Suspensión de embargos: Durante los 180 días que dura la emergencia, rige una suspensión transitoria de las medidas cautelares de embargo y ejecución judicial.
- Conciliación administrativa: Se abrió una instancia gratuita y de trámite sencillo en las oficinas del organismo para que deudores y entidades pacten nuevas condiciones, priorizando la reducción de intereses, cargos y comisiones según la capacidad real de ingresos.
- Prohibiciones explícitas: Las empresas prestamistas tienen terminantemente prohibido retener documentos nacionales de identidad (DNI) o tarjetas de débito de los clientes como garantía o mecanismo de cobro.
- Cobertura territorial: Además de la atención en doble turno (mañana y tarde) en la sede principal, el servicio se despliega a través de 11 delegaciones en el interior y operativos itinerantes de asesoramiento.
Obligaciones para el sector financiero
En paralelo a la asistencia a los consumidores, entró en vigencia el régimen de inscripción obligatoria para todas las empresas y sujetos alcanzados por el Artículo 3 de la Ley 10901 que operen en el rubro.
Este registro funciona formalmente como una habilitación comercial provincial. Las entidades están obligadas a detallar públicamente sus tasas, comisiones y seguros vigentes. El enlace digital para completar el trámite de inscripción ya se encuentra disponible de manera online en el sitio web oficial del gobierno provincial.