La reunión entre el Ministerio de Capital Humano y los representantes de los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales, cuyo objetivo era acordar un aumento salarial, finalizó sin un acuerdo y, en consecuencia, las entidades realizarán este miércoles un paro de 24 horas.
A través de un comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicó que «se presentó una propuesta de incremento salarial con una pauta del 6% para el próximo bimestre» y explicó que «el objetivo de la convocatoria apunta a la continuidad de la negociación paritaria con las asociaciones sindicales del sector educativo universitario».
En la reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se planteó una oferta que contempla «un incremento del 3% en las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre» más «la ratificación de la vigencia del aumento del 3% fijado para octubre, porcentaje acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio pasado».
«De este modo, la propuesta consolidada por el Poder Ejecutivo alcanza un incremento total del 6% para el personal docente de la actividad universitaria», detalla el texto.
Pese a la medida de fuerza pautada para el miércoles 2 de septiembre, el Gobierno retomará las negociaciones el jueves 17.
Paro universitario
Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, dialogó con la prensa al término de la reunión e informó: «Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana, y el jueves 3 de septiembre nos reunimos en Bariloche en ocasión del plenario del Consejo Universitario Nacional; allí tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad».
Y marcó: «Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”.
En esa línea, Francisca “Paquita” Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó: “Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”.
Por lo tanto, afirmó: “Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”.
Cautelar
El juez federal Martín Cormick dio lugar a una cautelar en favor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenó al Gobierno a cumplir de inmediato con el financiamiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, se da tras una demanda de la casa de altos estudios contra el Decreto 759/2025 que promulgó la Ley 27.795.
La UBA había reclamado que dicho decreto suspendió la aplicación efectiva de la normativa hasta que el Congreso determinara cómo financiarla, algo que consideraron “un fraude constitucional”.
Al respecto, el juez consideró que luego de que el veto presidencial fuera rechazado por el Congreso, el Ejecutivo debía implementar la ley ya que el proceso legislativo “no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.
Cormick también señaló que el incumplimiento de la ley produce “perjuicios graves de imposible reparación ulterior, teniendo en cuenta el deterioro de los ingresos del colectivo afectado”.
Por otro lado, remarcó que la cautelar no afecta al interés público. Incluso, apuntó que “la falta de cumplimiento de la ley afectaría el derecho a enseñar y aprender” establecidos en la Constitución Nacional.
También resaltó que el impacto fiscal de la medida estimado es del 0,23 % del PBI. “Dicha cifra representaría un ahorro poco significativo para el presupuesto global de gastos de la administración pública”, enfatizó.
NA