El proyecto fue presentado este martes a las 9:15 horas por Miguel Zárate en la Legislatura. La iniciativa crea un sistema inédito en la provincia, reemplaza estructuras de más de 400 años y establece una conducción civil junto a un nuevo organismo externo para investigar las conductas policiales.
La provincia de La Rioja dio un paso histórico en materia institucional al presentar su primera Ley de Seguridad Provincial y Convivencia Ciudadana. El proyecto fue presentado en la Legislatura por Miguel Zárate, marcando un hito ya que la provincia era una de las pocas que hasta el momento no contaba con una ley de seguridad pública de estas características.
La nueva normativa viene a crear un sistema inexistente hasta la fecha, ordenando a los actores que forman parte de la seguridad pública —como la policía, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y diversos organismos estatales— y dejando atrás una estructura de más de 400 años en la organización de las fuerzas de seguridad.
Conducción civil y democratización del sistema
Uno de los ejes centrales de la reforma es el cambio en la conducción de la fuerza. Históricamente, la policía se encontraba estructurada y pensada desde una máxima conducción unipersonal a cargo del jefe de policía. Con la nueva ley, se establece una claridad conceptual: la máxima autoridad pasa a ser el gobierno civil y el gobernador, en conjunto con el jefe de policía.
De esta manera, el sistema se moderniza y se adecúa a los tiempos actuales, rompiendo con la lógica de instituciones aisladas que tomaban decisiones de manera autodeterminada y democratizando la gestión de la seguridad. Además, la ley prevé la participación activa de la comunidad y de los ciudadanos, posicionándolos como sujetos de derecho y actores principales en la planificación y el diagnóstico de los problemas de seguridad.
Mayor transparencia y nuevo órgano de control externo
La normativa busca dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas para transparentar su gestión, fortaleciéndolas mediante mecanismos institucionales claros sin quitarles facultades.
En el aspecto disciplinario y de control de conducta, uno de los cambios más disruptivos es el tratamiento de las denuncias por abuso de autoridad. Hasta ahora, la Policía contaba con una dirección de asuntos internos integrada por efectivos propios, un esquema que había perdido credibilidad en la sociedad debido a la reticencia sobre la imparcialidad de un policía sancionando a un camarada.
Bajo la nueva ley, las denuncias por abuso de autoridad se investigarán desde el Ministerio, a través de un cuerpo conformado por profesionales civiles que analizarán y sancionarán de manera externa. Este nuevo esquema para auditorías internas —compuesto por una dirección general, cuerpo legal e instructores con conducción civil— garantizará la transparencia y credibilidad, al tiempo que ofrecerá garantías procesales para los efectivos de la fuerza, protegiendo al «buen policía» y sancionando a quienes actúen mal.
Desde el Ejecutivo destacaron que se trata de una decisión política fuerte respaldada por la experiencia de gestión y el trabajo articulado, y aseguraron que las fuerzas se encuentran en total acuerdo con esta nueva legislación que constituye, en definitiva, un sistema integrado de seguridad pública y convivencia.