En MEDIOS RIOJA, Fernando Soto, abogado penalista y asesor parlamentario de Patricia Bullrich, cuestionó duramente a la magistrada Laura de Marinis tras su fallo que frenó la aplicación de la nueva ley a un menor de 14 años. Lo calificó como una «opinión personal» y anticipó acciones legales.
El asesor parlamentario y abogado penalista Fernando Soto, dialogó con MEDIOS RIOJA y cuestionó con dureza el fallo de la jueza Laura de Marinis, quien recientemente declaró inconstitucional la aplicación del nuevo régimen penal juvenil a un menor de 14 años. Tras la resolución, Soto confirmó que se presentará una denuncia por prevaricato contra la magistrada y se avanzará con un pedido de juicio político.
Según el letrado, la jueza «emitió una opinión porque no le gusta la ley», en lugar de cumplir con la exigencia jurídica de probar de forma definitiva que la norma vulnera la Constitución y los tratados vigentes.
El debate sobre el nuevo régimen y los menores
Durante su exposición, Soto contrastó la legislación actual con la norma previa —sancionada hace 47 años durante la dictadura militar—, a la que calificó como carente de derechos para los menores. En contraposición, sostuvo que el nuevo marco legal es benigno frente a delitos menores: «En este caso concreto, la nueva ley hace que el menor no quede detenido ni internado porque el delito era menor».
Asimismo, destacó que la legislación actual incorpora herramientas para que la Justicia supervise y asista al entorno familiar, al que consideró el principal factor de riesgo en la iniciación delictiva temprana. «Un chico de 14 años sabe perfectamente, desde mucho antes, que robar está mal y que matar está mal», enfatizó, respaldando su postura en el derecho comparado: recordó que en América Latina el promedio de edad de responsabilidad penal se ubica en los 13 años, mientras que en países europeos como Inglaterra es de 12 y en Suiza de 9.
Para finalizar, el asesor parlamentario aclaró que una simple inconducta escolar no amerita el inicio de una causa penal, pero subrayó que el Estado debe intervenir con firmeza para distinguir entre los jóvenes que pueden ser recuperados y aquellos que requieren medidas de contención especializadas.