La crisis interna en la Asociación de Maestros Provinciales (AMP) escaló a un terreno judicial y de confrontación directa. Tras la realización de una asamblea en modalidad virtual —la cual fue catalogada como «ilegal» por contravenir una medida judicial que ordenaba su suspensión por diez días—, los referentes de la disidencia anunciaron que redoblarán las acciones legales para frenar lo que consideran un avasallamiento de los estatutos sindicales.
La crisis institucional en la Asociación de Maestros Provinciales (AMP) suma nuevos capítulos de tensión. Fabiana Ávila, titular de prensa del gremio, dialogó con MEDIOS RIOJA y expuso la gravedad del conflicto interno y cuestionó con dureza el accionar de la cúpula sindical frente a la suspensión de las asambleas y la organización de las elecciones.
El conflicto de fondo y el intento de modificar el estatuto
Según explicó Ávila, las diferencias internas arrastran una trayectoria de dos años ante la falta de respuestas a las problemáticas cotidianas de las escuelas. La tensión escaló de forma crítica a finales del año pasado: «En la asamblea de diciembre de 2025, la cúpula de la AMP pretendió modificar el estatuto y eliminar la figura de los delegados departamentales. Este proyecto se logró frenar, pero este año los ataques fueron evidentes, y personales».
No obstante, aclaró que el reclamo no busca desmerecer la trayectoria histórica del sindicato ni la figura de su referente principal: «Nosotros confiamos en la historia del sindicato, que tiene mucha historia y no podemos negar lo que ha construido Rogelio (por De Leonardi) quien tiene nuestro total reconocimiento en ese sentido, y por eso, no comprendemos este momento del sindicato, que es el que evita la participación de los delegados en las asambleas».
La asamblea virtual y la advertencia judicial
El punto de quiebre reciente se originó en torno a la convocatoria de la semana pasada. Ávila detalló que la asamblea había sido suspendida por la Justicia por el plazo de diez días, pero la conducción decidió avanzar de manera unilateral: «La asamblea de AMP fue suspendida por 10 días, prevista para el viernes pasado. Aun así, la cúpula hizo la asamblea, virtualmente, cerrando las puertas a la presencialidad. En esa asamblea, que yo le llamo ilegal, eligieron una junta electoral».
Ante este escenario, la referente gremial advirtió sobre las consecuencias legales de las decisiones adoptadas por el sector oficialista: «Tienen que entender que lo que están haciendo tiene una penalidad. Están avanzando en una elección sin dar una verdadera participación democrática a los demás. Como docentes jamás podemos promover el desacato sino estaríamos llamando a un desacato total. Aquí hay que determinar responsabilidades penales, hacia eso caminamos».
Despersonalizar el debate y mirar hacia el futuro
Finalmente, Ávila enfatizó que el reclamo de la disidencia excede las disputas de nombres propios y se centra en la salud institucional de la organización: «Este no es un ataque a quienes estamos en disidencia con lo que resuelven, sino que hay conductas antisindicales, en contra del estatuto. Inclusive en contra de la Constitución Nacional».
En la misma línea, reflexionó sobre la necesidad de transparentar la representación sindical: «Siempre nos dicen ‘hasta cuándo De Leonardi’. Decidimos no personalizar esta cuestión. La perpetuidad en el poder, lo único que hizo es debilitar la mirada de la sociedad sobre los sindicatos. La defensa de una agrupación hace de un colectivo, tiene más fuerza que vaya Miguel o Juan a hacer un pedido particular. Es una preocupación que existe entre nosotros, a ver qué hacemos para limpiar ese nombre».