María Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, estaba en la mira de los detenidos, quienes planeaban atacarla.
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires expresó su «más enérgico repudio» por las amenazas de dos reclusos contra una fiscal de San Isidro y los integrantes de su núcleo familiar, quien recientemente había ordenado sus detenciones, y subrayó que «la independencia de la justicia es una garantía de la ciudadanía».
A través de un comunicado, el organismo puntualizó que el hecho «reviste una gravedad institucional que excede la afectación individual de quienes resultan amenazados».
«La independencia de quienes intervienen en el sistema judicial no constituye un privilegio personal ni corporativo: es una garantía de la ciudadanía y una condición esencial de la República», añade el comunicado.
“Conductas de esta naturaleza comprometen directamente la independencia y el normal funcionamiento de las instituciones encargadas de administrar justicia, y por ello exigen una respuesta firme del Estado y una investigación exhaustiva”, indicaron los integrantes de la red.
Asimismo, señalaron que desde su lugar sostienen “la defensa irrenunciable de una administración de justicia independiente e imparcial, libre de intromisiones e interferencias, provenientes de poderes formales como informales”.
Finalmente, remarcaron que “expresamos nuestra solidaridad con la fiscal involucrada, su familia y con quienes integran el Ministerio Público y reafirmamos nuestro compromiso con un Poder Judicial que pueda ejercer sus funciones sin amenazas, intimidaciones ni violencia”.
Los hechos
María Paula Hertrig, a cargo de la UFI de Boulogne, fue intimidada por dos reclusos, quienes están encerrados en cárceles bonaerenses, a través de mensajes de WhatsApp. La maniobra fue desbaratada luego de sendos allanamientos en las celdas de los involucrados, donde se secuestraron sus teléfonos celulares.
Los detenidos, quienes se dedicaban a realizar entraderas, son Martín Darío Rettori y Ariel Ernesto Libertini, alojados en distintos penales bonaerenses, mientras que la investigación por las amenazas quedó a cargo del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.
“Ahora voy por la hija de p… de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto. O cuando sale, tiene una (Honda) CRV o un (Peugeot) 208, la hago cagar a balazos”, dijo uno de los implicados en los mensajes, y remarcó: “nosotros somos mafia y en la calle te agarramo (sic) a tiros”.
NA