El Tribunal Superior de Justicia puso en marcha una estrategia integral con recursos logísticos, económicos y humanos para garantizar la aplicación efectiva de la Ley N.º 10.901. La medida frena temporalmente las ejecuciones y retenciones de créditos de consumo en toda la provincia.
LA RIOJA — Frente a la vigencia de la Ley Provincial N.º 10.901, que establece la suspensión por 180 días corridos de determinadas medidas de embargo y ejecución, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) implementó un operativo coordinado sin precedentes para acelerar el cumplimiento de la norma y evitar que las retenciones salariales o de haberes sigan afectando a los deudores comprendidos.
La iniciativa, reforzada por disposiciones como el Acuerdo N.º 343, busca cerrar la brecha entre la letra de la ley y su impacto real en la vida cotidiana de los ciudadanos. Para lograrlo, el despliegue judicial no se limita a dictar resoluciones, sino que moviliza recursos materiales, vehículos y personal operativo en toda la provincia.
Análisis riguroso y alcance delimitado
Desde el interior de los tribunales, los juzgados —como el Juzgado de Paz Letrado N° 3, a cargo de la Dra. María Carolina Varas— llevan adelante una revisión pormenorizada. «Estamos analizando caso por caso de los procesos para determinar si corresponde o no el embargo», explicó la magistrada a este medio, subrayando que la protección «solo se aplica cuando sea una relación de consumo».
En la misma línea, aclararon que la inclusión de instrumentos como el pagaré dentro de la suspensión no es generalizada, sino que depende estrictamente de la naturaleza de los sujetos involucrados (quién es el actor y quién el demandado).
Del expediente a la calle: una logística contra reloj
Como reflejo de la intensa labor que se está llevando adelante en los estrados judiciales, desde el organismo se destacó el volumen de trabajo ejecutado: «Libramos 120 oficios digitales y 150 en soporte papel suspendiendo embargos».
Uno de los mayores desafíos del sistema judicial radica en la velocidad de notificación. Una vez que el juez determina que un expediente encuadra en la normativa, se pone en marcha un engranaje clave compuesto por oficiales de justicia y notificadores.
El objetivo principal es que la orden judicial llegue de manera inmediata a los empleadores, municipios y organismos de la Función Ejecutiva Provincial antes de que se efectivicen las retenciones. Para garantizar este flujo rápido de información en la Capital y en las distintas circunscripciones del interior, el TSJ destinó recursos humanos, movilidad y canales de comunicación directos.
Con este operativo de choque, el Poder Judicial busca que la suspensión dispuesta por la ley se traduzca en una respuesta institucional rápida, efectiva y con alcance federal en todo el territorio provincial.