Una grave crisis laboral sacude por estos días a la localidad sanagasteña. Un total de 20 extrabajadores —en su mayoría mujeres, entre ellas madres con bebés, una trabajadora embarazada y personas mayores de 60 años con hasta 15 años de antigüedad— fueron despedidos de manera verbal y sin previo aviso de la planta procesadora de nueces, ubicada en un predio cedido por el municipio.
El conflicto estalló cuando el personal ingresó a las instalaciones y constató el vaciamiento de la planta: faltaban documentos, el dispositivo de registro de ingresos y egresos, fardos y toda la producción de nueces. Según denunció la representante legal de los afectados, la abogada Ivana Cattáneo, el responsable de la explotación es Luis Giordano, a quien acusó de notificar repentinamente el cese de actividades bajo el argumento de que «no podía vender las nueces».
Protestas y reclamos urgentes
Ante la falta de respuestas y la crítica situación económica, los extrabajadores iniciaron medidas de fuerza con cortes intermitentes sobre la calle principal (Calle 8) de Sanagasta. La abogada Cattáneo remarcó la vulnerabilidad del sector afectado: «Entre esa gente hay dos mujeres con familia hace dos meses, están cortando la ruta con sus bebés en brazos, una mujer embarazada y dos señoras grandes de 60 años», expresó, a la vez que destacó la buena predisposición de la Policía local, que solo solicitó que no se quemen cubiertas.
Los manifestantes reclaman el pago de los meses adeudados, diferencias salariales, presentismo y el cumplimiento de los aportes previsionales, los cuales —según la denuncia— nunca fueron depositados. Asimismo, se cuestiona que la patronal pretende aplicar un convenio colectivo que no corresponde a la actividad.
Acciones legales e intervención oficial
La defensa legal de los extrabajadores realizó una exposición policial formal para exigir el relevamiento de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, ya que el vaciamiento habría coincidido con los días en que la comunidad participaba de la festividad de la Virgen India.
En el plano institucional, la Secretaría de Trabajo de la Provincia —encabezada por Myriam Espinosa, junto a funcionarios del área como De La Fuente— intervino de manera inmediata y fijó una audiencia conciliatoria clave. Cattáneo manifestó su confianza en la labor de la Secretaría provincial, recordando antecedentes de defensa de los obreros en la misma planta.
Por otro lado, la letrada cuestionó duramente el accionar empresario y advirtió sobre posibles responsabilidades adicionales: «Está violando la Ley 26.485 de Violencia de Género, además», sostuvo, subrayando que las normativas internacionales y nacionales prohíben este tipo de prácticas lesivas contra mujeres embarazadas y sectores vulnerables.
Finalmente, la representación gremial y legal hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad de Sanagasta y aguardará los resultados de la instancia de conciliación para definir los pasos a seguir en defensa de los derechos laborales de las 20 familias afectadas.