Un grave conflicto laboral y social estalló en la localidad de Sanagasta tras el cierre intempestivo de la planta procesadora de nueces Karydiá SRL y el despido verbal de 20 operarios, en su gran mayoría mujeres jefas de hogar y trabajadoras en estado de embarazo avanzado.
Según denunció el colectivo de trabajadoras, el socio gerente de la firma, Luis Giordano, admitió ante la Secretaría de Trabajo, el Intendente Municipal, la abogada patrocinante y los propios empleados, haber vaciado las instalaciones de la fábrica. Aprovechando el feriado religioso de la Virgen India, el empresario trasladó todo el stock y la producción de nueces procesadas hacia Buenos Aires mediante un transporte ubicado en la Ruta 5.
Gravedad jurídica e informalidad laboral
La abogada defensora, Dra. Ivana Cattáneo, advirtió mediante un texto enviado a la redacción de MEDIOS RIOJA, que esta maniobra configura los delitos de vaciamiento de empresa e insolvencia fraudulenta (Art. 173 inc. 5 del Código Penal). El objetivo de la acción habría sido desprenderse de los bienes para eludir el pago indemnizatorio correspondiente por ley, habiendo ofrecido únicamente un 25% del monto total a saldar en cuotas.
La situación humanitaria se agrava por el hecho de que el personal operaba bajo condiciones de total informalidad laboral («en negro»). La falta de aportes patronales y de cobertura de obra social ha dejado a las familias desamparadas de asistencia médica pediátrica y obstétrica.
Reclamos y pedido de suspensión
Enmarcándolo dentro de un hecho de violencia económica y laboral de género (Ley 26.485), las trabajadoras presentarán un pedido de intervención urgente a la Secretaría de la Mujer y Diversidad de la provincia, encabezada por la Lic. Karen Navarro, e interpelaron directamente al gobernador Ricardo Quintela para que garantice la asistencia de las 20 familias afectadas.
Asimismo, las delegadas denunciaron la doble condición del empresario, quien figuraría como funcionario en estamentos gubernamentales. Por tal motivo, solicitaron al Gobernador su inmediata suspensión en el cargo por vulnerar las normas de ética pública, recordando además que en visitas oficiales anteriores —como la realizada por autoridades gubernamentales y dirigentes nacionales— se ocultó la situación de precariedad, atraso salarial y falta de registro del personal.
Las familias se declararon en asamblea permanente y vigilia a la espera de una audiencia clave fijada para este miércoles a las 09:30 hs.