La Directora del SPP, Analía Tello, confirmó a MEDIOS RIOJA los procedimientos llevados a cabo por la Policía Federal. Los agentes enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, agravadas por su condición de funcionarios públicos.
En el marco de una investigación bajo la órbita de la Justicia Federal, la Policía Federal Argentina ejecutó una orden de allanamiento, requisa y detención en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) que resultó en la aprehensión de un agente acusado de integrar un circuito de ingreso y distribución de sustancias y objetos no permitidos dentro del penal.
Según detalló la directora del SPP, Analía Tello, el procedimiento contó con la plena colaboración de la institución. La medida, ordenada por el juez Daniel Piedrabuena, incluyó requisas en pabellones donde se alojan dos internos vinculados a la causa. Aunque en un primer rastrillaje no se hallaron elementos sospechosos, una segunda inspección más profunda permitió secuestrar un teléfono celular no autorizado en poder de un interno, así como el celular personal del empleado penitenciario investigado.
El agente detenido cuenta con 12 años de antigüedad en la fuerza y se desempeñaba precisamente como encargado de los controles de ingreso. La principal hipótesis de la investigación indica que el funcionario utilizaba su posición para hacer «vista gorda» o participar activamente en la recepción y distribución de elementos prohibidos que llevaban familiares. Tras la orden judicial, el empleado fue suspendido e inmediatamente apartado de sus funciones.
Un segundo penitenciario imputado
Asimismo, se dio a conocer la detención de un segundo funcionario penitenciario, imputado por portación y presunta distribución de sustancias prohibidas en el interior de la penitenciaría. Esa causa es anterior a la del sujeto detenido el lunes en el penal.
Ambos imputados enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, con los agravantes correspondientes por tratarse de funcionarios públicos. Sus identidades se mantienen en reserva por orden de la justicia actuante.
La situación de la nueva cárcel y el costo por interno
Durante su intervención, Tello se refirió también al estado de la obra de la nueva cárcel provincial, actualmente paralizada debido a la falta de financiamiento y recursos presupuestarios para afrontar una infraestructura de tal magnitud. La provincia había avanzado en la adquisición de 33 hectáreas ubicadas a 40 kilómetros de la Capital y elevado el proyecto técnico a la Nación, pero la obra requiere de inversión federal. En ese sentido, la funcionaria remarcó que el penal aloja a internos a disposición de la Justicia Federal sin que Nación esté cubriendo los costos de su mantenimiento.
Respecto al costo operativo, detalló que mantener a un interno representa entre 25.000 y 30.000 pesos diarios, costo que abarca alojamiento, alimentación, medicación y asistencia profesional. A modo comparativo, señaló que en provincias como Santa Fe se perciben unos 42.000 pesos diarios por cada recluso federal alojado en dependencias provinciales.
Por último, adelantó que se trabaja conjuntamente en un proyecto del Ministerio de Seguridad para que la Alcaidía —actualmente bajo la órbita de la Policía Provincial— pase a ser gestionada por el personal del Servicio Penitenciario, argumentando que son los profesionales capacitados específicamente para la atención y manejo de personas en régimen de encierro.