Diputados aprobó con una abrumadora mayoría el proyecto de ley que busca dar continuidad a los beneficios y herramientas de financiamiento del sector. Sin embargo, desde el Foro Permanente de Discapacidad advierten que la situación de emergencia todavía persiste.
La Cámara de Diputados dio media sanción a la nueva Ley de Discapacidad tras alcanzar un amplio consenso. El proyecto mantiene las conquistas alcanzadas por la actual ley de emergencia e introduce definiciones centrales respecto a las pensiones, el financiamiento de prestaciones y la inserción laboral.
En declaraciones a MEDIOS RIOJA sobre el avance legislativo, Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, destacó el valor de los acuerdos alcanzados, aunque remarcó que la crisis del sector aún no está resuelta. «La emergencia en discapacidad todavía persiste. No estamos en contra de las auditorías, pero hay que respetar las condiciones de cada persona. Todavía queda pendiente definir el tema del presupuesto», señaló.
Mantenimiento de pensiones y compatibilidad con el trabajo
Uno de los ejes principales de la norma consensuada es la ratificación de las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad:
- Monto y acceso: Se ratifica un beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, conservando al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como la principal vía de acceso.
- Compatibilidad laboral: A diferencia de propuestas previas del Ejecutivo que cuestionaban este punto, la nueva redacción permite que las personas con CUD conserven su pensión si acceden a un empleo formal registrado o se inscriben en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Protección contra la inflación: El proyecto contempla un esquema de actualización por índice inflacionario para garantizar que los montos no pierdan poder adquisitivo frente al año anterior.
Arancel unificado y regulación de prestaciones
Para sostener el financiamiento del sistema de atención, la ley conserva dos herramientas estructurales: el nomenclador universal y el arancel unificado.
Con este esquema, se garantiza un marco único de valores para las prestaciones básicas en todo el país. De esta manera, se evita que cada provincia, obra social o empresa de medicina prepaga fije montos de forma discrecional o desalineada de las actualizaciones automáticas.
A la espera del debate y posterior votación en el Senado, el colectivo de discapacidad mantiene la mirada puesta en la partida presupuestaria definitiva que asignará el Gobierno para garantizar el cumplimiento efectivo de la norma.