El oficialismo aceptó modificar las sanciones a empresas extranjeras y los mecanismos de control parlamentario. Persisten diferencias sobre seguridad e inteligencia, mientras se analiza una posible votación el 12 de noviembre.
El Gobierno de Javier Milei logró avanzar en la Cámara de Diputados con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y que, además, introduce modificaciones en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
Después de intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, La Libertad Avanza (LLA) aceptó cambios en varios artículos para conseguir respaldo parlamentario, aunque la discusión dejó diferencias que podrían complicar su aprobación definitiva.
El tratamiento se desarrolló en un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde el oficialismo y sus aliados avanzaron con el despacho de mayoría. Sin embargo, la existencia de posiciones alternativas y firmas con disidencias mostró que el acuerdo todavía no alcanza a todos los capítulos de la iniciativa.
El Gobierno aceptó buena parte de las modificaciones solicitadas por sus aliados y comenzó a trabajar con la posibilidad de llevar el proyecto al recinto el jueves 12 de noviembre. La fecha, por ahora tentativa, podría modificarse debido a la agenda legislativa prevista durante la visita del papa León XIV a la Argentina.
La ley Malvinas y los cambios que aceptó el Gobierno
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es reforzar las herramientas legales contra las personas y empresas que participen de la exploración o explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.
El proyecto no se limita a las actividades hidrocarburíferas. También contempla operaciones sobre otros recursos renovables y no renovables, y establece sanciones para los responsables de explotaciones consideradas ilegales por la legislación nacional. Entre las medidas previstas aparecen multas, restricciones comerciales y suspensión o cancelación de habilitaciones para operar en Argentina.
Sin embargo, el alcance original de esas sanciones había generado cuestionamientos tanto entre sectores parlamentarios como en el plano internacional. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitió al presidente Milei la preocupación de la administración de Donald Trump por las posibles consecuencias de la ley sobre compañías estadounidenses con inversiones o participaciones indirectas en empresas vinculadas con actividades en las islas.
Ante esos reparos, el oficialismo aceptó restringir las penalidades a las operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directamente vinculados con los proyectos cuestionados. La nueva redacción excluye de responsabilidad a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2%, así como a determinados fondos de inversión con tenencias indirectas en las compañías involucradas.
La modificación reduce el alcance de las sanciones respecto de la propuesta inicial y busca evitar que las penalidades se extiendan a inversores sin participación directa en las operaciones. El cambio también fue uno de los elementos utilizados por LLA para acercar posiciones con los sectores dialoguistas y avanzar con el tratamiento legislativo.
Un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción presidencial
Otro de los puntos que concentró las negociaciones fue la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendría la función de coordinar decisiones estratégicas vinculadas con la defensa, la inteligencia, la seguridad interior y la protección de recursos considerados esenciales.
La propuesta establece que el organismo estará presidido por Javier Milei e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía y Seguridad, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.
Entre sus atribuciones figura la evaluación de inversiones promovidas por Estados extranjeros o empresas vinculadas con ellos en sectores estratégicos, como energía, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, defensa y actividades espaciales.
La amplitud de esas facultades generó reparos entre los bloques aliados, que reclamaron mayores controles parlamentarios y una definición más precisa de las competencias del nuevo organismo. Como parte del acuerdo, LLA aceptó incorporar la participación eventual de autoridades del Congreso y gobernadores, cuando los asuntos tratados lo requieran.
La nueva redacción contempla que puedan intervenir, en carácter de integrantes no permanentes, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y mandatarios provinciales.
También se introdujeron precisiones sobre las competencias de la Prefectura Naval Argentina y del Comando Conjunto Marítimo, aunque persistieron interrogantes sobre la distribución de responsabilidades entre ambos organismos.
El Congreso tendrá una comisión para controlar las decisiones
Uno de los cambios incorporados durante las conversaciones fue la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, destinada a controlar las actuaciones del futuro Consejo de Seguridad Nacional. La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), quien reclamó mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del organismo.
El nuevo esquema establece que el Ejecutivo deberá comunicar a la bicameral, dentro de un plazo de 48 horas, las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo. La comisión tendrá facultades para analizar los procedimientos y decisiones, con un funcionamiento que toma como referencia los mecanismos parlamentarios de seguimiento de las actividades de inteligencia.
Uno de los capítulos más controvertidos es el referido a las campañas de injerencia extranjera, que prevé sanciones penales para determinadas conductas destinadas a interferir en procesos electorales o influir ilegítimamente sobre decisiones de las autoridades.
El proyecto contempla penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, participen de operaciones que encuadren en las conductas definidas por la norma.
La versión modificada precisa que se considerarán campañas de injerencia aquellas acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones gubernamentales.
Para responder a los cuestionamientos, el oficialismo incorporó exclusiones expresas. La nueva redacción establece que la actividad periodística, la investigación académica, la actividad diplomática legítima y la expresión pública de opiniones de gobiernos extranjeros no serán consideradas por sí mismas campañas de injerencia.
También se excluye la representación abierta y regulada de intereses. Pese a esos cambios, algunos bloques que acompañaron el despacho mantienen objeciones sobre los artículos 127, 128 y 129, especialmente por las posibles consecuencias para organizaciones no gubernamentales y entidades que participan en debates públicos.
Desde el propio oficialismo reconocieron que todavía existen aspectos de la redacción que deben ser revisados para evitar interpretaciones demasiado amplias.