La mayorista eléctrica presentó una acción de inconstitucionalidad contra los decretos provinciales que frenaron el traslado de los aumentos a los usuarios. Desde el Gobierno riojano advierten que se trata de una «acción de disciplinamiento» del Ejecutivo Nacional.
La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) inició una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de La Rioja. La acción busca declarar la inconstitucionalidad del Decreto de la Función Ejecutiva Provincial de 2024 y de la Resolución Ministerial N° 133/2024, normativas mediante las cuales el gobierno riojano resolvió congelar las tarifas eléctricas y absorbió el costo de los aumentos dispuestos por la Nación para evitar su impacto en los usuarios.
El Asesor General del Gobierno de La Rioja, Pedro Goyochea, confirmó que la provincia fue notificada la semana pasada sobre la acción judicial presentadas por la distribuidora mayorista.
El reclamo de CAMMESA y el pedido de cautelar
En su presentación, CAMMESA plantea que el costo del servicio eléctrico debe ser soportado exclusivamente por los usuarios finales y cuestiona la facultad del Gobernador para dictar actos administrativos que modifiquen el traslado del cuadro tarifario nacional.
En paralelo a la cuestión de fondo, CAMMESA solicitó una medida cautelar para que la Corte ordene de forma inmediata la suspensión del congelamiento tarifario y disponga el traslado automático de los aumentos a las facturas de los consumidores riojanos mientras se tramita el juicio.
«La Corte recepcionó la demanda, pero la cautelar no fue resuelta porque se le corrió traslado a la Provincia. Recién una vez que La Rioja evacúe ese traslado, el tribunal se abocará a definir la medida cautelar», explicó Goyochea.
Plazos procesales previstos
Al tratarse de un juicio ordinario, la resolución no será expedita. De acuerdo con los tiempos procesales vigentes:
- Febrero de 2025: Vence el plazo para que la Provincia de La Rioja responda la demanda.
- 15 días hábiles posteriores: Plazo con el que contará la Corte Suprema para definir si concede o no la medida cautelar solicitada por CAMMESA.
- Hasta 1 año: Tiempo estimado para un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la medida provincial.
La postura de La Rioja: «Una acción de disciplinamiento»
Desde la Asesoría General del Gobierno cuestionaron la vía técnica elegida por CAMMESA, al calificar como «curiosa» la presentación de una acción declarativa de inconstitucionalidad directamente en la Corte sin que exista un reclamo judicial previo por deudas o fondos específicos.
Goyochea remarcó que el decreto dictado por el Ejecutivo provincial no desconoce la obligación de pago: «El decreto suspende la aplicación del cuadro tarifario a los usuarios, pero no desconoce el derecho a percibir la diferencia. La deuda la asume el Estado provincial».
Por último, el funcionario enmarcó el accionar de CAMMESA dentro de una estrategia política impulsada desde el ámbito nacional: «Surge claramente una mirada que forma parte de una decisión política a nivel nacional. Creemos que estamos ante una acción de disciplinamiento».